La Fiscalía General del Estado ha remitido este miércoles un escrito a la Fiscalía del Tribunal Supremo, en el que un empresario del sector de las criptomonedas asegura haber pagado 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez. Según el escrito, el pago se realizó en pleno periodo de campaña de las elecciones europeas.
La existencia de indicios de delito en esta transacción ha motivado la intervención del Tribunal Supremo, que es el órgano competente para investigar posibles delitos de financiación ilegal, dado que Alvise Pérez goza de aforamiento por su condición de eurodiputado, ha adelatando «elDiario.es»
En una primera valoración, Alvise Pérez ha acusado de "mafia mediática" por la publicación de estas informaciones y asegura en sus redes que "donar el 100% del sueldo, rechazar un millón de euros en subvencoines y grabar en vídeo cómo el sistema hace ricos a nuestra clase política tiene consecuencias".
El empresario en cuestión es el fundador de Madeira Invest Club (MIC), una oficina de inversión que fue impulsada por el propio Alvise Pérez. MIC cerró de forma inesperada la pasada semana, lo que ha provocado un mayor interés en la figura del eurodiputado y en sus actividades previas a las elecciones. El fundador de MIC presentó su declaración el pasado martes 19 de septiembre ante la Fiscalía General del Estado. En ella, afirmó haber entregado los 100.000 euros en efectivo al entonces candidato europeo, según informó «elDiario.es», que adelantó la información.
Alvise recibió el dinero en mano
El pago, siempre según la declaración del empresario, se realizó el pasado 27 de mayo, apenas unos días antes de la celebración de las elecciones europeas. La entrega se produjo en las oficinas de Sentinel BQ, una empresa ubicada en el centro de Madrid que es propiedad del mismo fundador de MIC. Sentinel BQ dispone de más de 5.000 cajas de seguridad fortificadas, y es conocida por permitir intercambios de dinero con una confidencialidad que el empresario asegura fue aprovechada por Alvise Pérez para sortear las medidas antifraude de las entidades financieras y ocultar el movimiento del dinero a Hacienda. Las conversaciones entre el empresario y Alvise, aportadas junto con un informe pericial que verifica su autenticidad, confirman la entrega del dinero en mano.
Estas pruebas han sido presentadas ante el Ministerio Público para que se investigue el posible delito de financiación ilegal. Dado que el eurodiputado está aforado, cualquier procedimiento judicial relacionado con este caso deberá ser tramitado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Restricciones sobre financiación política
La ley de financiación de partidos prohíbe expresamente donaciones anónimas, así como la recepción de donaciones superiores a los 50.000 euros anuales provenientes de una misma persona. Además, todas las donaciones que superen los 25.000 euros deben ser comunicadas al Tribunal de Cuentas en un plazo máximo de tres meses desde su aceptación.
El partido Se Acabó la Fiesta (SALF), con el que Alvise se presentó a las elecciones, consiguió más de 800.000 votos en los comicios europeos, un resultado que le valió el escaño que ahora ocupa en el Parlamento Europeo. La conexión entre el pago recibido y la financiación de su campaña será clave para determinar si se ha cometido algún tipo de delito. El artículo 304 del Código Penal castiga con penas de hasta cinco años de prisión la financiación irregular de partidos políticos, algo que la Fiscalía investigará en los próximos meses.
Investigación de financiación ilegal
El diario «elDiario.es» ha publicado además las conversaciones que vinculan directamente a Alvise con el empresario cripto y con la entrega de los 100.000 euros y en las que éste se jacta de poder influir en leyes junto con los partidos de Feijóo y Abasca. . La documentación también hace referencia a un informe pericial que respalda la autenticidad de las pruebas aportadas. Esta información será analizada por la Fiscalía del Tribunal Supremo, que deberá decidir si procede iniciar una investigación formal por financiación irregular y fraude fiscal.