El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha comparecido este lunes ante los medios para adelantar las conclusiones del informe que el Ejecutivo foral está ultimando sobre la proposición de ley de conciertos educativos de Unión del Pueblo Navarro (UPN), cuyo debate parlamentario se aproxima, y que tiene visos de aprobarse. El consejero no ha escatimado en advertencias: "Alumnado, profesorado y centros se van a adentrar en el caos y en la incertidumbre si la proposición de ley se aprueba."
"El mundo al revés": una ley con visos de inconstitucionalidad
La primera conclusión del informe es jurídica y tajante. Según Gimeno, la proposición "presenta evidentes visos de inconstitucionalidad" y existen "serias dudas sobre si es acorde al ordenamiento jurídico vigente". En ese contexto, el consejero ha calificado de "incomprensible y democráticamente cuestionable" que haya grupos parlamentarios dispuestos a respaldarla. "Es, si me permiten la expresión, el mundo al revés. Una perversión del sistema absoluta", ha afirmado.
Uno de los aspectos más cuestionados es el artículo 1.2, que permitiría a los propios centros concertados proponer los criterios que la comisión de conciertos debería valorar para la concesión de unidades subvencionadas. "Los centros van a ser juez y parte de la convocatoria de subvenciones", ha advertido Gimeno.
Familias que pueden perder la plaza ya adjudicada
El consejero ha puesto especial énfasis en el impacto sobre las familias. Si la norma prospera, sería necesario repetir el proceso de matrícula para el curso 2026-27 bajo nuevas condiciones y con una ratio reducida en la red concertada. El resultado, según el informe, es que plazas ya asignadas quedarían en el aire. "Las familias deben saber que pueden perder la plaza que hoy tienen asegurada", ha subrayado Gimeno.
Ha citado nombres concretos: alumnado de San Ignacio, Liceo Monjardín, Miravalles o Compañía de María en Pamplona "no van a tener la plaza escolar previamente adjudicada con carácter definitivo" si la ley se aprueba. El porcentaje de familias que obtiene plaza en primera opción —actualmente el 98,9%— bajaría. "Esa supuesta libertad de elección de centro que defiende de manera majestática UPN es menos libertad con su proposición de ley", ha concluido.
La red pública y la FP, en el mismo barco
La escuela pública tampoco escaparía a las consecuencias. La norma obliga a mantener las unidades actuales y, simultáneamente, a reducir ratios en la red pública, una contradicción que el consejero ha ilustrado con el caso del colegio Huertas Mayores de Tudela, donde 17 alumnos con plaza ya asignada tendrían que ser reubicados en otro centro, o la imposibilidad de abrir una unidad de modelo D en Partez, con 13 familias afectadas.
En Formación Profesional, el impacto sería igualmente severo. Según Gimeno, la ley "obligará a suspender la nueva oferta de FP", impidiendo nuevos ciclos como los de cocina en la Escuela Técnica Industrial de San Juan de Tudela, bloqueando 33 nuevos grupos ya planificados e impidiendo a alumnos de primero acceder al segundo curso. "Nadie va a salir ganando, salvo determinados intereses que, a la vista está, no son los de la gran mayoría de los niños y niñas navarros, ni sus familias, ni del profesorado", ha sentenciado el consejero.
Una ley que llega en el peor momento
Gimeno también ha subrayado el pésimo calendario de la iniciativa. La proposición llega cuando los centros están elaborando sus plantillas y el Departamento tiene previsto adjudicar contratos en junio. "Los centros no conocerían en junio su plantilla, ni el profesorado que aspira a contratos administrativos conocería su destino", ha advertido, recordando que algo similar ocurrió en 2012 fruto de los recortes educativos impulsados entonces por UPN.
"Quien apoye esta ley deberá explicar quién gana, a la vista del informe, cuando la mayoría social de la Comunidad Foral de Navarra sale perdiendo", ha concluido Gimeno.
