El grupo municipal de Contigo-Zurekin en el Ayuntamiento de Pamplona ha reclamado este martes que el Gobierno de Navarra asuma el 65% de la financiación del nuevo servicio de bicicletas eléctricas para la capital y su comarca, pese a que la movilidad urbana ciclista no es una competencia del Ejecutivo foral.
La coalición plantea equiparar este porcentaje al que el Gobierno autonómico aporta actualmente al déficit del transporte urbano de autobús, gestionado por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Sin embargo, ese modelo responde a un sistema consolidado y regulado, mientras que el nuevo servicio de bicicletas aún carece de estructura operativa y de marco competencial definido.
Desde Contigo-Zurekin sostienen que la vía «más rápida» para reactivar el sistema es la que impulsa el gobierno municial de Asiron, es decir, que el Ayuntamiento licite el proyecto en coordinación con la Mancomunidad, con la previsión de transferirlo posteriormente a esta última. Una fórmula que, en la práctica, trasladaría al Gobierno foral la mayor parte de la carga financiera de una iniciativa impulsada a nivel municipal.
La formación también ha expresado su recelo ante el planteamiento del Partido Socialista de Navarra, al que acusa de poder retrasar la puesta en marcha del servicio. «Entendemos que debe activarse cuanto antes y transferirse a la Mancomunidad a la mayor brevedad», señalan.
El concejal Txema Mauleón argumenta que la bicicleta pública forma parte del sistema de transporte sostenible y, por tanto, debería recibir el mismo trato financiero que el autobús comarcal. «En coherencia con ese planteamiento, los costes deben repartirse exactamente de la misma manera», afirma.
Contigo-Zurekin añade que las recientes ayudas del Ministerio de Transportes permiten integrar las bicicletas de alquiler en los descuentos tarifarios del transporte público, lo que —a su juicio— refuerza su consideración como servicio equiparable.
Con todo, la coalición reclama un acuerdo inmediato entre Gobierno de Navarra, Ayuntamiento y Mancomunidad para garantizar la implantación del sistema, su viabilidad económica y tarifas asequibles. Una exigencia que vuelve a situar en el centro del debate la financiación autonómica de servicios cuya gestión y competencias recaen fundamentalmente en el ámbito local.
