En una rueda de prensa celebrada hoy en el Ayuntamiento de Pamplona, la concejala de UPN, María Caballero, criticó duramente las decisiones tomadas por el concejal de Servicios Sociales, Txema Mauléon. Según Caballero, Mauléon ha renunciado a exigir la financiación completa que le corresponde a Pamplona por los servicios sociales que presta, firmando un convenio con la consejera del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, que supone recibir un millón de euros menos al año.
Caballero situó el contexto explicando que desde la aprobación de la Ley Foral de Servicios Sociales en 2006, los centros de servicios sociales deben ser financiados por el Gobierno de Navarra. "Pamplona gestiona estos servicios con titularidad municipal, a diferencia de otras localidades donde los gestiona la Fundación Gizain," subrayó Caballero.
"El convenio firmado no incluye la financiación completa de los servicios de infancia y adolescencia ni el servicio municipal de atención a la mujer, conocido como ESMAD. Esto es inaceptable para nosotros," afirmó Caballero, añadiendo que, durante su gestión, UPN había mantenido numerosos encuentros con el Gobierno de Navarra para avanzar en la elaboración de un convenio justo, pero siempre encontraron negativas.
En mayo de 2023, UPN interpuso un recurso contencioso administrativo para exigir al Gobierno de Navarra la firma del convenio y la financiación completa de los servicios sociales de Pamplona. "Sin que se haya resuelto este recurso, Mauléon ha renunciado al mismo, aceptando una infrafinanciación que condena al ayuntamiento a una situación de desigualdad permanente," denunció Caballero.
Caballero también criticó la rápida decisión del nuevo director del área de Servicios Sociales, nombrado por Mauléon, de paralizar el recurso contencioso sin un análisis técnico adecuado. "Esto es un gesto inaudito de dejación de responsabilidades y pone en duda la transparencia de estas decisiones," añadió.
Para Caballero la gestión de Mauléon no solo es una "traición a los intereses municipales", sino también un posible conflicto de intereses debido a su anterior papel como jefe de gabinete de la consejera Maeztu. "Esta decisión política, y no técnica, perjudica a los ciudadanos de Pamplona," concluyó Caballero.
La concejala finalizó su intervención exigiendo que se firme un nuevo convenio que incluya la financiación completa del servicio de atención a la mujer y de los equipos de infancia y adolescencia, así como un ajuste equitativo en la financiación de los servicios en relación al volumen de atención que prestan en comparación con otras áreas de Navarra.
Caballero destacó que la diferencia en financiación es significativa, con UPN demandando un total de 1.665.452 euros, frente a los 626.000 euros aceptados por el actual equipo de gobierno. "Esta es la diferencia que nos condena a una situación de desigualdad," concluyó.
