Un grupo de personas afectadas por sanciones y procesos judiciales derivados de las protestas contra la participación del equipo Israel Premier-Tech en la Vuelta Ciclista a España de 2025 ha comparecido este martes ante los medios de comunicación, coincidiendo con el aniversario de aquellas movilizaciones, para denunciar lo que consideran una situación de represión que, según han señalado, se mantiene un año después.
Según ha explicado el colectivo, hace un año miles de personas salieron a la calle en distintos puntos para denunciar la presencia en la carrera de un equipo que, a su juicio, representaba a "un Estado genocida", mostrar su solidaridad con Palestina y reclamar el boicot a la participación israelí en la competición.
A raíz de aquellas movilizaciones, siete personas están siendo procesadas en Euskal Herria y más de 30 fueron sancionadas, según ha indicado el colectivo. A nivel estatal, citando datos de Amnistía Internacional, han cifrado en más de 30 las detenciones y en 108 las sanciones impuestas, 91 de ellas basadas en la legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, una normativa que contempla multas de hasta 60.000 euros. Según han añadido, algunas de las personas afectadas se enfrentan además a procedimientos penales con posibles penas de entre uno y seis años de prisión.
El colectivo ha dirigido sus críticas al Gobierno español, al que acusa de no haber actuado para impedir la participación de Israel en competiciones internacionales pese a sus declaraciones públicas sobre derechos humanos; a los gobiernos autonómicos, a los que reprocha no haber ejercido las competencias de las que disponían; y a la dirección de la Vuelta Ciclista a España, por mantener al Israel Premier-Tech en la competición pudiendo haberlo excluido.
Los comparecientes han subrayado que su comparecencia no se limita a la Vuelta, sino que responde también a la situación que atraviesa la población palestina durante el último año, marcada, según han denunciado, por asesinatos, desplazamientos y destrucción, en un contexto en el que consideran que la atención política y mediática ha ido decayendo. Han atribuido esa pérdida de atención, en parte, a la responsabilidad de los gobiernos y los grandes medios de comunicación.
El colectivo ha reclamado sanciones contra instituciones y empresas que, a su entender, favorecen el genocidio; que la legislación deportiva contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia se aplique contra quienes incurren en esas conductas y no contra quienes las denuncian; y la suspensión de todos los procedimientos administrativos y judiciales derivados de las movilizaciones del año pasado.
Los comparecientes han defendido que la solidaridad con Palestina, la denuncia del genocidio y la protesta contra la presencia de Israel en competiciones deportivas no constituyen delito, y han reivindicado como un logro de la movilización el hecho de que Israel ya no cuente con un equipo ciclista en activo.
