María Gertrudis Alcázar Jiménez,conocida como 'Gertru', y administrativa que ha trabajado durante 26 años en la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, compareció este lunes ante la Comisión de Investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), pero se negó a responder a ninguna de las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios, amparándose en su condición de investigada en la Audiencia Nacional y en el derecho a no declarar contra sí misma reconocido en el artículo 24 de la Constitución.
Alcázar Jiménez, que figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, explicó al inicio de la sesión que actuaba siguiendo asesoramiento jurídico. "Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta Comisión, sino como algo coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita", señaló en la única intervención que realizó durante toda la sesión.
Un extenso relatorio de correos y mensajes
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular y proponente de la comparecencia, la senadora María del Rocío Dívar Conde, abrió el interrogatorio con un extenso repaso al contenido del auto judicial del juez Alhama, que a su juicio retrata a Alcázar Jiménez no como una simple secretaria de agenda, sino como "el nodo central por el que circulaban las comunicaciones y la documentación de la oficina del señor Zapatero".
Dívar Conde puso el foco en una serie de correos electrónicos recogidos en el auto en los que, según expuso, Alcázar Jiménez habría preguntado al destinatario de facturas qué concepto debía figurar en ellas y qué importe había que consignar, en lugar de ser el prestador del servicio quien determinara esos datos. "Quien ha prestado un servicio real no pregunta cuánto dinero debe cobrar, porque ya lo sabe", argumentó la senadora popular, quien citó expresamente un correo del 29 de marzo de 2022 en el que, según el auto, Alcázar escribía: "Si tengo que poner más importe, con lo que me dio el lunes, lo envío firmada".
La portavoz popular también aludió a mensajes en los que Zapatero habría pedido a su administrativa que recopilara información sobre viajes a Venezuela y sobre facturas de la consultora Análisis Relevante tras la detención de Julio Martínez Martínez, conocido como Julito, y preguntó si esa recopilación formaba parte de una estrategia de defensa coordinada. Asimismo, se refirió a las joyas intervenidas en la caja fuerte del despacho de Zapatero, valoradas pericialmente en más de 1,3 millones de euros, y cuestionó la explicación que Alcázar habría dado a los agentes en el momento del registro, atribuyendo su origen a herencias y regalos de viajes.
La senadora popular anunció que Alcázar volverá a ser citada
Al término de su turno, Dívar Conde anunció que el Grupo Parlamentario Popular instará a que Alcázar Jiménez sea convocada de nuevo ante la Comisión. "El silencio no hace desaparecer los hechos, porque los documentos hablan, hablan los correos, hablan los mensajes, hablan las reuniones, hablan las facturas", afirmó, antes de advertir de que el grupo no aceptará "que el silencio se convierta en una forma de eludir el control parlamentario".
La senadora del PP también preguntó por reuniones de Zapatero con miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, entre ellas una que, según afirmó, habría tenido lugar en el Palacio de la Moncloa un domingo —el 30 de noviembre de 2025— con la vicepresidenta primera María Jesús Montero y el ministro Félix Bolaños, entre otros, apenas días antes de la detención de Julio Martínez.
Gómez Enríquez y Caballero Martínez apuntan al papel de Alcázar como "soporte operativo"
La senadora del Grupo Mixto Paloma Gómez Enríquez incidió en la descripción que el auto judicial hace de Alcázar Jiménez como "pieza operativa esencial" y "soporte administrativo financiero clave de la trama", y le preguntó, sin obtener respuesta, por su relación con Cristóbal Cano, por los contactos con empresas del Ibex y por su presunto papel en la constitución de sociedades instrumentales vinculadas al entorno de Zapatero, incluida la empresa de las hijas del expresidente.
La senadora de UPN (Grupo Mixto) María Caballero Martínez instó a la compareciente a reflexionar sobre su situación procesal y señaló que "su futuro judicial va a estar ligado a su jefe", al tiempo que le recomendó que, llegado el momento de declarar ante el juez, optara por colaborar con la justicia.
El PSOE denuncia un "juicio paralelo"
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Amparo Marco Gual, rechazó de plano el planteamiento de los grupos proponentes y denunció que la Comisión se ha convertido en "un instrumento al servicio de la estrategia del Partido Popular" y en "un juicio paralelo donde no se cumplen las mínimas garantías procesales". La senadora socialista reivindicó la legalidad del rescate de Plus Ultra durante la pandemia, validado según sostuvo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado, y defendió que Alcázar Jiménez estaba ejerciendo un derecho constitucional al guardar silencio.
La intervención de Marco Gual derivó en varios llamamientos al orden por parte de la presidenta de la Comisión, la navarra Ana Beltrán que le requirió en varias ocasiones que reconduciese sus palabras hacia el objeto de la comparecencia.
La sesión concluyó sin que la compareciente realizara uso del turno final de tres minutos que le fue ofrecido.
