La semana en la que el empresario corellano Ramón Lázaro ha sido detenido, investigado y puesto en libertad con cargos con obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra ha inadmitido la reclamación que el propio Lázaro había presentado tras ser excluido de la licitación del bar de los campos de fútbol de las instalaciones deportivas Clara Campoamor de Tudela.
El acuerdo del Tribunal, fechado el 10 de junio, es contundente: Lázaro no tiene legitimación para reclamar porque desde el 30 de julio de 2025 y hasta el 18 de agosto de 2026 se encuentra incurso en una prohibición para contratar con todo el sector público, acordada por la Vicepresidenta Primera del Gobierno de España. Al no poder ser adjudicatario del contrato en ningún caso, su reclamación carece de objeto.
Una exclusión con doble motivo
El Ayuntamiento de Tudela había excluido a Lázaro del proceso de licitación por dos razones: la presentación de una duplicidad de precios entre el Anexo IV del pliego y la lista de precios aportada —causa de exclusión expresa según las bases—, y porque la oferta no garantizaba, a juicio de la mesa de contratación, el adecuado desempeño del servicio ni por el precio ofertado ni por los equipos de trabajo propuestos.
Lázaro defendió en su reclamación que la discrepancia de precios afectaba solo a cinco de los veinte conceptos y que debía haberse tratado como un error subsanable, y que la viabilidad de su oferta no estaba en entredicho dado que el lote 1 era un bar, no un bar-restaurante como el lote 2. Argumentó además que los precios simbólicos en los menús respondían a evitar una exclusión por no rellenar todos los campos del anexo.
Sin embargo, el Tribunal no llegó a entrar en el fondo del asunto. La prohibición de contratar vigente lo impidió: quien no puede ser adjudicatario carece de interés legítimo para recurrir.
Un contrato con historia
No es la primera vez que Lázaro se ve envuelto en litigios en torno a este mismo contrato. El Ayuntamiento de Tudela ya licitó en 2025 un contrato similar para los mismos bares, en cuya licitación también fue excluido y también reclamó, con una estimación parcial del Tribunal que derivó en retroacción del procedimiento. La licitación de 2025 acabó siendo declarada desierta. La de 2026, con el mismo objeto, ya tiene adjudicatario provisional para el lote 1, adjudicación que Lázaro pedía anular.
El Tribunal también descartó imponer la multa por mala fe que solicitaba el Ayuntamiento, al señalar que esa sanción solo procede cuando se desestiman las pretensiones y no cuando la reclamación es inadmitida.
