El Club Atlético Osasuna ha emitido un comunicado en el que realiza varias aclaraciones tras las informaciones publicadas en las últimas horas sobre la contratación de una cobertura vinculada al riesgo de descenso deportivo.
La entidad navarra explica que se trata de una herramienta financiera habitual en el deporte profesional y, en particular, en el fútbol de élite, destinada a proteger a los clubes frente a las consecuencias económicas derivadas de un eventual descenso de categoría.
Según detalla el club, la operación se formalizó con la compañía aseguradora Howden, especializada en el ámbito deportivo y con presencia consolidada en el sector, y consistió en una cobertura de 1,2 millones de euros que permitiría garantizar una compensación de hasta 6 millones en caso de pérdida de categoría.
Operación conocida por LaLiga y órganos de control
Osasuna subraya que LaLiga tenía conocimiento de esta contratación, ya que fue consultada durante el proceso, y que este tipo de mecanismos forman parte de las prácticas habituales de protección económica utilizadas por entidades deportivas.
El club añade que la operación fue igualmente comunicada al presidente de la Comisión de Control del propio Osasuna, que la incluirá en el informe que prevé emitir en los próximos días sobre este y otros asuntos de actualidad. Asimismo, la información fue trasladada a los auditores de la entidad.
La aseguradora Howden, según el comunicado, trabaja de forma habitual con clubes de LaLiga y cuenta con amplia experiencia en la gestión de este tipo de coberturas vinculadas a contingencias deportivas.
“Una cobertura limitada a mitigar el impacto económico”
Osasuna insiste en que su participación en la operación se limita exclusivamente a la contratación de esta póliza, cuyo objetivo es mitigar parcialmente el impacto económico que podría suponer un hipotético descenso de categoría.
En este sentido, el club defiende la legalidad y normalidad de la operación dentro del marco de gestión habitual de las entidades profesionales, y se reserva las acciones que considere oportunas para la defensa de sus intereses y su reputación ante la difusión de informaciones que considera inexactas o incompletas.
