El grupo municipal de Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha denunciado públicamente la "total parálisis" en la que se encuentra el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS de Echavacoiz). Este proyecto estratégico, que abarca la construcción de la futura estación del TAV (Tren de Alta Velocidad) y el desarrollo de cerca de 12.000 viviendas, se encuentra completamente estancado según los regionalistas.
Por este motivo, la formación foralista ha exigido la convocatoria urgente del Consejo Rector del Consorcio, tras constatar que han transcurrido seis meses desde la última reunión oficial sin que se haya producido ningún tipo de progreso en los acuerdos adoptados.
Infraestructuras ferroviarias en Pamplona y los retrasos en los planes de urbanización
Desde UPN inciden en que, a pesar de que el Gobierno de Navarra pretenda vender humo con la llegada de la alta velocidad a la comarca de Pamplona, la realidad de la gestión administrativa muestra una ausencia total de novedades operativas.
Entre las principales deficiencias señaladas por el grupo municipal destaca la falta de respuesta a las alegaciones presentadas, la ausencia de una mesa técnica con los ayuntamientos implicados y la falta de avances en los proyectos de urbanización y reparcelación para su aprobación inicial. Asimismo, los regionalistas han afeado la falta de noticias respecto al derribo de la antigua ikastola Jaso y de otros edificios contemplados en el plan.
El debate político por las obras del tren de alta velocidad y los pactos de gobierno
La formación considera que esta situación de bloqueo, que se prolonga ya por cerca de 10 años, se debe de manera directa a las diferencias insalvables existentes entre el Gobierno de Navarra y EH Bildu, formación que cuenta con el apoyo en el Ayuntamiento de Pamplona de los grupos Geroa Bai, Contigo-Zurekin y el PSN.
Según los representantes de UPN, de nada sirven las campañas publicitarias sobre el tramo ferroviario si los trámites urbanísticos están atascados por el rechazo histórico de la izquierda abertzale hacia la infraestructura. Ante este escenario, el grupo municipal regionalista ha tramitado una declaración formal en la Comisión de Urbanismo para forzar la rendición de cuentas dentro del Consorcio.
