El Club Atlético Osasuna ha reaccionado este jueves con contundencia a la propuesta de sanción de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, conocida a través de los medios de comunicación. La entidad navarra considera la medida —dos meses de cierre de El Sadar y una multa de 200.000 euros por el entrenamiento abierto del 22 de mayo— "injusta, desproporcionada desde todo punto de vista y alejada de los hechos ocurridos".
En un comunicado oficial, el club recuerda que la decisión de abrir las puertas del estadio respondió a una situación excepcional: el equipo se jugaba la permanencia en Primera División en campo contrario, el estadio del Getafe se encontraba en obras y los aficionados rojillos no podían desplazarse a Madrid. Ante ese escenario, Osasuna habilitó el acceso al último entrenamiento de la temporada, al que acudieron alrededor de 5.500 personas "sin que se produjese ningún tipo de altercado o incidente". El acto, subraya la entidad, se organizó con seguridad privada contratada y servicios sanitarios disponibles.
El club rechaza la responsabilidad colectiva
Osasuna cuestiona en su comunicado el criterio de responsabilidad que aplica la Comisión, al que califica de estándar "imposible de alcanzar en cualquier acontecimiento multitudinario". A juicio del club, el organismo confunde "la obligación de adoptar medidas de prevención con una obligación de garantizar la inexistencia absoluta de cualquier incidencia individual", y culpabiliza a la institución por el comportamiento de determinados aficionados de forma que la entidad considera inaceptable.
"La propuesta castiga no solo al club, sino también a miles de socios y aficionados que vivieron aquella jornada de forma cívica, respetuosa y apasionada", señala el comunicado.
Una "creciente preocupación" por el trato recibido
Más allá de la sanción concreta, Osasuna aprovecha el comunicado para trasladar una queja de mayor alcance. La entidad afirma que la acumulación de expedientes y propuestas sancionadoras de los últimos años está generando "una sensación cada vez más difícil de ignorar": la de que el club está sometido a "un nivel de vigilancia, escrutinio y castigo que es difícilmente homologable a otros ámbitos del fútbol español".
El club se pregunta abiertamente por qué conductas similares en otros escenarios reciben "respuestas muy diferentes" cuando afectan a Osasuna, y denuncia que la imagen de la entidad y de su afición queda sometida a "una sombra de sospecha" que considera "profundamente injusta".
Anuncio de alegaciones
El comunicado concluye con un anuncio claro: Osasuna defenderá "con firmeza" sus derechos y los de sus socios, y no aceptará "en silencio un trato que considera cada vez más difícil de comprender y de justificar". La entidad dispondrá de un plazo para presentar alegaciones antes de que la propuesta de la Comisión pueda convertirse en resolución definitiva por parte del Consejo Superior de Deportes.
