La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha procedido a desestimar el recurso de apelación interpuesto por la acusación particular, confirmando de manera íntegra la condena de cuatro años y seis meses de prisión para un hombre que causó la muerte de otro tras propinarle un puñetazo en Santa Cruz de Tenerife.
La sentencia ratifica que los hechos, ocurridos en el verano de 2024, constituyen un delito de lesiones agravadas en concurso ideal con un homicidio por imprudencia grave. Además de la pena privativa de libertad, el tribunal mantiene las indemnizaciones fijadas anteriormente: 140.000 euros para la viuda y 32.000 euros para la hija de la víctima.
Los detalles del suceso en Santa Cruz de Tenerife
El trágico incidente tuvo lugar la noche del 26 de julio de 2024, cuando ambos hombres coincidieron en una sidrería de la capital tinerfeña. Tras una discusión que derivó en empujones mutuos, el acusado propinó un fuerte golpe en la boca a la víctima. Según los hechos probados, este impacto provocó que el hombre perdiera la consciencia y cayera desplomado hacia atrás.
La caída le ocasionó una fractura craneal severa que, lamentablemente, derivó en su fallecimiento al día siguiente. A pesar del desenlace fatal, el TSJC ha considerado que la calificación jurídica de la instancia original es la correcta atendiendo a las circunstancias de la agresión.
Desestimación del abuso de superioridad en la condena
Uno de los puntos clave del recurso presentado por la hija del fallecido era la solicitud de aplicar la agravante de abuso de superioridad. Sin embargo, la Sala ha rechazado esta pretensión al considerar que no existió un desequilibrio de fuerzas determinante. El tribunal subraya que la víctima era una persona fuerte y de mayor estatura que el agresor.
La resolución judicial destaca que el enfrentamiento fue recíproco, incluyendo un cabezazo previo por parte de la víctima, lo que debilita la tesis de una ventaja clara aprovechada por el condenado. Al no apreciarse hechos que obliguen a elevar la responsabilidad criminal, el tribunal ha decidido mantener intacto el relato fáctico y la censura jurídica de la Audiencia Provincial.
