La Confederación Hidrográfica del Ebro ha confirmado por escrito al Ayuntamiento de Tudela que la resolución del Gobierno de Navarra del pasado 5 de noviembre, por la que se concedió Autorización Ambiental Integrada a Nilsa para la ampliación de la planta de fangos de la EDAR de Tudela no es ajustada a derecho”.
El pronunciamiento se produce en respuesta a la consulta municipal sobre el alcance del requerimiento de rectificación emitido por la CHE al Ejecutivo foral. En su escrito, el organismo de cuenca insiste en que en la citada autorización “no debieran quedar incluidas las condiciones establecidas para el vertido depurado en la EDAR, que se evacúa al río Ebro”, al considerar que esas competencias corresponden a la propia Confederación.
El alcalde de Tudela ha trasladado ya el documento de la CHE a los servicios jurídicos municipales para que sea incorporado a las acciones impulsadas con el objetivo de lograr la anulación de la Autorización Ambiental Integrada y la retroacción de las actuaciones administrativas, de forma que el proyecto pueda quedar finalmente incluido en la moratoria aprobada para las plantas de biogás.
Según el primer edil, el informe confirma las críticas que el Ayuntamiento viene manteniendo desde el inicio del procedimiento, al entender que la autorización fue tramitada con extrema rapidez para evitar que el proyecto de Nilsa quedara afectado por la normativa de moratoria aprobada por el Parlamento de Navarra.
“El escrito es claro y contundente y evidencia que la resolución se elaboró a contrarreloj con el único propósito de excluir a Tudela de la moratoria”, ha señalado el alcalde, quien ha calificado el proceso de “chapuza administrativa” motivada, a su juicio, por presiones políticas.
En este sentido, ha vuelto a exigir responsabilidades políticas y ha reclamado el cese o la dimisión de la directora general de Medio Ambiente del Gobierno foral, Ana Bretaña, cuya continuidad en el cargo considera “cada vez más insostenible” tras el requerimiento de rectificación de la CHE.
Toquero ha reiterado que la administración autonómica actuó con “prisas injustificadas” para tramitar la resolución en apenas tres días con el fin de que el proyecto de Nilsa eludiera la entrada en vigor de la nueva ley de moratoria para plantas de biogás.
El Ayuntamiento de Tudela mantiene abiertas las vías jurídicas para intentar dejar sin efecto la autorización ambiental y exige que se depuren posibles responsabilidades derivadas de la tramitación del expediente. “No vamos a aceptar un atropello administrativo contra Tudela ni contra los tudelanos”, ha concluido el alcalde.
