Los gobiernos autonómicos de La Rioja, Cantabria, País Vasco, Galicia, Aragón, Madrid y Castilla y León han remitido formalmente a la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, una certificación oficial que acredita el estado de conservación favorable del lobo en España. Esta acción coordinada surge como respuesta a lo que consideran una "estrategia deliberada" del Ejecutivo central para bloquear la flexibilización de la protección de la especie.
Incumplimiento de la Directiva Hábitats
Las comunidades denunciantes sostienen que el Gobierno de España ha incumplido el artículo 17 de la Directiva Hábitats. Según el escrito enviado a Bruselas, el Ministerio tenía la obligación legal de comunicar, antes del 31 de julio de 2025, el informe sexenal sobre el estado de las especies silvestres protegidas correspondiente al periodo 2018-2024.
Esta omisión ha provocado que la Comisión Europea abra un expediente de infracción contra España en enero de 2026. Las autonomías subrayan que el informe en cuestión fue aprobado por el Comité de Flora y Fauna Silvestres, órgano del que forma parte el propio Gobierno, y avala técnicamente que el lobo goza de una salud poblacional óptima.
Bloqueo a la gestión extractiva y al sector primario
La importancia de este documento radica en que es el aval necesario para aplicar la Ley 1/2025, la cual permite la gestión extractiva y el control de la especie para minimizar los daños a la ganadería. Las comunidades critican que el Ministerio desconvocó la Conferencia Sectorial de julio de 2025 sin motivo justificado, evitando que el documento llegara a Europa de forma oficial.
Con el envío directo de este informe a Bruselas, las siete regiones buscan desbloquear los controles poblacionales y proteger al sector primario. Advierten que la actitud del Ejecutivo central pone en "serio riesgo" la supervivencia económica del medio rural ante el incremento de los ataques a las explotaciones ganaderas.
