El Defensor del Pueblo de Navarra ha recomendado al Ayuntamiento de Pamplona que adopte medidas adicionales para garantizar la seguridad ciudadana en la Txantrea, concretamente en el entorno de la travesía Espronceda, donde un inmueble ocupado de forma ilícita está generando graves problemas de convivencia y alarma entre los vecinos.
La resolución, tiene su origen en la queja presentada por una vecina que reside junto a sus dos hijos menores. Según expuso, cuatro personas ocupan ilegalmente uno de los inmuebles del edificio, con continuas peleas, daños al mobiliario municipal y comunitario, acumulación de objetos presuntamente sustraídos en el patio y episodios de violencia nocturna que impiden el descanso. Los vecinos, añade la queja, han llegado a ser amenazados cuando han pedido que cesen las molestias.
El Ayuntamiento trasladó al Defensor del Pueblo un informe en el que detalla las actuaciones realizadas por la Policía Municipal. Solo en 2025 se contabilizan 27 intervenciones en el inmueble, algunas de las cuales se saldaron con la incautación de objetos peligrosos. La institución reconoce que no ha existido pasividad por parte del Consistorio, pero subraya que la persistencia del problema exige un paso más.
En este sentido, el Defensor del Pueblo considera necesario reforzar las medidas de control y presencia policial en la zona para tranquilizar al vecindario, tal y como ya apuntó la propia Policía Municipal en uno de sus informes internos. Asimismo, insta al Ayuntamiento a identificar a los propietarios del inmueble ocupado y a informarles de la situación para que puedan instar el desahucio ante la autoridad judicial competente, ya que esta actuación no puede ser promovida directamente por la administración municipal si el edificio no es de titularidad pública.
La resolución recuerda que, en caso de que el inmueble carezca de propietario conocido por fallecimiento sin herederos, el Ayuntamiento debe comunicarlo al Gobierno de Navarra para que se inicien los trámites de sucesión legal, lo que permitiría desbloquear la situación.
El Consistorio de Pamplona dispone ahora de un plazo máximo de dos meses para comunicar si acepta la recomendación y qué medidas va a adoptar.
