La Asociación Defensa y Ayuda a Víctimas del Amianto en Navarra (ADAVAN) se ha reunido recientemente con el Defensor del Pueblo para mostrarle sus preocupaciones sobre la falta de avances en el Plan de Eliminación del Amianto, aprobado en 2019. En el encuentro con Patxi Bueno, Defensor del Pueblo, participaron José Manuel Bueno, presidente de la asociación; Juan Antonio Castilla, portavoz; y Puri Adrián, tesorera.
Durante la reunión, ADAVAN expresó su preocupación por la inacción en la ejecución de este plan, subrayando que el amianto, un material históricamente dañino para los trabajadores, sigue representando un grave riesgo para la salud pública, especialmente en espacios sensibles como las escuelas. La asociación instó al Gobierno de Navarra a asignar partidas presupuestarias suficientes para cumplir con los objetivos del plan, recordando que la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados exige la eliminación completa del amianto antes de 2028.
La importancia del censo y la planificación municipal
ADAVAN también señaló la necesidad de que los ayuntamientos cumplan con la Ley 7/2022, elaborando un censo de instalaciones con amianto y un calendario detallado de retirada. Este proceso, según la asociación, debe priorizar las áreas más peligrosas y proteger a las poblaciones más vulnerables. Además, destacaron que estos documentos deben remitirse a las autoridades competentes para su inspección y seguimiento, garantizando así un control eficaz en la erradicación de este material.
Una llamada a la acción urgente
La asociación resaltó la urgencia de este problema, haciendo énfasis en el riesgo que supone para los niños en centros escolares y en la necesidad de una actuación inmediata. Según ADAVAN, el Ejecutivo foral debe responder de forma seria y comprometida para proteger la salud pública y cumplir con los plazos establecidos por la normativa.
El Defensor del Pueblo, Patxi Vera, se comprometió a analizar las demandas planteadas y trasladar estas preocupaciones a las instituciones pertinentes, reforzando así su compromiso con la defensa de los derechos de la ciudadanía navarra frente a riesgos como el amianto.
