El Ayuntamiento de Pamplona cuenta en la actualidad con 188 viviendas de emergencia habitacional, que acogen a 657 personas en situación de vulnerabilidad. Se trata de una solución temporal con la que el Ayuntamiento trata de ayudar a personas empadronadas en Pamplona que se encuentran en situación de emergencia social, no disponen de una vivienda ni de renta o patrimonio que lo permita, mientras superan esta situación. Para mejorar la atención y la gestión del parque público de viviendas, el Ayuntamiento está preparando las bases de una nueva Ordenanza para la gestión social de la vivienda municipal, que regulará las formas de acceso a todo el parque de vivienda municipal, que asciende a 625 viviendas.
Esta nueva Ordenanza tiene como objetivo proporcionar un marco normativo robusto, transparente y equitativo para la gestión del parque municipal de viviendas, asegurando que éstas lleguen a quienes más lo necesitan y facilitando itinerarios de acceso a una vivienda digna. Actualmente, la Oficina de Vivienda Municipal gestiona el alquiler regulado en la actual Ordenanza de Vivienda de Emergencia Habitacional. Ahora, la idea es que todo el parque de vivienda municipal pueda estar regulado por la nueva ordenanza. Esta gestión integral involucrará, además de a los servicios de vivienda, al área de Acción Social y a la de Patrimonio, consolidando una política transversal. En la elaboración del borrador de la Ordenanza también colaboraran las áreas de Diversidad e Igualdad y la de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
El Ayuntamiento buscará con la nueva Ordenanza no sólo atender emergencias, sino facilitar la progresión hacia el alquiler protegido o acceso al mercado libre. Asimismo, promoverá la estabilidad y cohesión social, reduciendo desigualdades habitacionales.
Perfil actual de personas usuarias
Según los datos del servicio de vivienda, el perfil promedio de las personas usuarias son unidades familiares de entre dos y cinco personas, con una antigüedad media del contrato de 5 años. En concreto, de los 188 contratos actuales, 51 son contratos con 3 personas en la unidad familiar; 37 tienen 5 personas; 35 son de 2 personas; 32, de 4 personas; 18 son unipersonales; 11 tienen 6 personas; 4 tiene 7 personas; 1 un contrato acoge 9 personas.
Con respecto a la antigüedad de los contratos, 31 están desde el año 2016; 20 son de 2017; 17 de 2018; 20 de 2019; 18 de 2020; 22 de 2021; 12 de 2022; 22 de 2023; y 25 contratos son de este año 2024.
En la actualidad, el importe de la deuda total que existe asciende a 324.744,36 euros. 84 contratos no tienen deudas y 37 contratos mantienen una deuda inferior a 500 euros. 11 contratos tienen entre 500 y 1.000 euros de deuda; 18 contratos tienen entre 1.000 y 3.000 euros; 33 contratos tienen entre 3.000 y 10.0000; 4 contratos tienen entre 10.000 y 15.000 euros; y un contrato acumula 15.831,90 euros de deuda.
A pesar del dato acumulado de deuda, el servicio de vivienda indica que los datos reflejan un esfuerzo colectivo por avanzar: un 45% de los contratos no tiene deuda alguna; el 25% de los casos adeuda menos de 500 euros, mostrando el compromiso de muchas familias por mantener al día sus obligaciones; y sólo un pequeño porcentaje, aproximadamente un 2%, presenta deudas superiores a 10.000 euros, casos que ya están siendo atendidos.
“Estos datos subrayan el enfoque responsable de las familias y la gestión activa de la Oficina de Vivienda para garantizar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan”, analiza la oficina de vivienda municipal.
Puntos clave de la nueva Ordenanza
La nueva Ordenanza gestionará todo el parque de vivienda municipal (625 viviendas) en un marco normativo claro y equitativo para garantizar la transparencia en la adjudicación de viviendas, con criterios igualmente claros y equitativos. Se buscará facilitar itinerarios personalizados para que las familias puedan avanzar hacia una estabilidad habitacional sostenible, adaptada a las necesidades de una ciudadanía diversa y en constante cambio.
Los puntos clave de la nueva ordenanza son, en primer lugar, la ampliación del ámbito de aplicación. Así, incluirá nuevas modalidades de vivienda como alquiler transitorio, alquiler asequible y viviendas por convenio, e introducirá un sistema progresivo que permita a las personas avanzar hacia una estabilidad a largo plazo.
Otro de los puntos clave es la nueva tipología que se establece para las viviendas del parque municipal. Así, habrá viviendas de emergencia habitacional para situaciones críticas; alquiler transitorio, pensado para procesos de estabilización; viviendas de alquiler asequible, con contratos de hasta 7 años; y viviendas para realojos temporales o vitalicios y por convenios específicos.
Para garantizar la transparencia en los procedimientos, se establecerán baremos de equidad, respetando criterios claros y objetivos. La Ordenanza buscará erradicar situaciones de infravivienda o alquileres abusivos. Además, establecerá un compromiso firme con el mantenimiento de viviendas en condiciones óptimas de habitabilidad.
Innovación en la gestión
Además de la Ordenanza, se están elaborando algunos protocolos internos con diversas áreas y servicios municipales implicados, como son la Oficina de Vivienda, Patrimonio, Acción Social, Policía Comunitaria, Igualdad, Diversidad Cultural o Acción Comunitaria, que aportan un enfoque coordinado entre las áreas y un inventario actualizado de viviendas que irá acompañado de un catálogo que recogerá la información detallada de las viviendas, ofreciendo priorización y eficiencia en las actuaciones y su puesta en marcha.
El área de Vivienda está liderando la redacción de la nueva Ordenanza en un trabajo con las distintas áreas mencionadas. La previsión es que el borrador esté listo en enero para iniciar los trámites de su debate en Comisión. De contar con los apoyos suficientes, la Ordenanza podría estar lista para el mes de abril.
