Las Diputadas de Hacienda y Finanzas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, Itziar Gonzalo, Itxaso Berrojalbiz e Itziar Agirre han comparecido en las Juntas Generales de sus respectivos territorios para dar cuenta del estado de situación de la revisión fiscal. Una propuesta armonizada orientada a dar respuesta a desafíos comunes de los tres territorios. Mediante esta revisión se busca, por un lado, seguir avanzando en la característica redistributiva del sistema tributario y por tanto en la progresividad del sistema, y por otro, apuntalar la apuesta por la innovación y la competitividad del tejido económico y social de Euskadi con nuevos retos encima de la mesa: desde el demográfico, al de la fiscalidad verde, pasando por el de la igualdad de género, la protección de las y los contribuyentes con rentas más bajas, los jóvenes, la conciliación, la vivienda, el empleo o las pensiones.
En sus respectivas intervenciones, las tres responsables forales han desgranado los aspectos fundamentales que se dibujan en la futura norma. De este modo han detallado que, al objeto de continuar promoviendo la cohesión social y reforzando la característica de la progresividad del sistema tributario vasco, la obligación de declarar en el IRPF se eleva hasta los 19.000 euros anuales (superior al Salario Mínimo Interprofesional que en 2024 se sitúa en 15.876 euros) mejorando, así, la tributación de las rentas más bajas.
Familia, igualdad, conciliación, mujer y juventud
El acuerdo recoge iniciativas fiscales que promueven una igualdad real y efectiva que mejore la conciliación para garantizar un equilibrio justo entre las responsabilidades profesionales y las familiares.
Se apuesta por la discriminación positiva de la mujer incrementando determinados porcentajes de deducciones y reducciones en aras de fomentar su participación en el tejido empresarial y económico, ejemplo de ello es la consolidación en el IRPF de la reducción del 15% (10 al 15%) para mujeres emprendedoras.
También se busca dar visibilidad a las diferentes unidades convivenciales de nuestra sociedad y se introducen novedades en la configuración de la unidad familiar.
Nuevas deducciones personales y familiares, por ejemplo, la deducción por reincorporación al mercado laboral tras el cuidado de menores de tres años (excedencia / reducción jornada) de 1.200 euros para las mujeres y de 1.500 euros para los hombres (discriminación positiva).
También se recogen deducciones en el Impuesto sobre Sociedades a las empresas que implanten nuevas medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral por encima de lo legalmente establecido.
Vivienda
En materia de vivienda se favorece el impulso al arrendamiento potenciando los incentivos fiscales para incrementar la oferta de alquiler asequible.
Para ello se mejora el tratamiento fiscal de la persona arrendadora en el caso de que la vivienda se destine a ser la habitual de la persona inquilina estableciendo, que será superior cuando exista intermediación pública en el alquiler, o la vivienda esté situada en zonas tensionadas.
En el caso de los y las arrendatarias, se aumenta el porcentaje de deducción aplicable para ciertos colectivos. En el caso de las personas jóvenes se incrementa hasta el 35%.
Se favorece la emancipación juvenil: 1) facilitando el acceso a la adquisición de vivienda habitual, con la ampliación del plazo de la cuenta vivienda de 6 a 10 años, 2) suprimiendo, también el límite máximo de 8.500 euros de inversión por adquisición de vivienda durante el primer año. 3) se incrementan las deducciones por alquiler y adquisición de vivienda habitual para el colectivo joven, cuyo umbral se eleva hasta que se cumplan los 36 años. y 4) además, se permite la aplicación de las deducciones generadas y no aplicadas en los siguientes 5 ejercicios.
Asimismo, y con el objetivo de renovar el envejecido parque inmobiliario, se permitirá que la persona propietaria de una vivienda pueda practicar la deducción por rehabilitación de vivienda protegida (p.ej. obras de accesibilidad) siempre que se destine a arrendamiento de vivienda habitual.
Impulso a la Previsión Social de Empleo (EPSVs)
Con el objetivo de avanzar en la complementariedad de la pensión publica, las diputaciones fomentarán los sistemas de previsión social complementaria de empleo preferentes, dotando para ello de un nuevo marco tributario que posibilite o ayude a conseguir dicho objetivo. Así, se actualiza su tratamiento fiscal potenciando el cobro de prestaciones en forma de renta y se favorecen las aportaciones de calidad, con mayores incentivos a mayor aportación.
Fiscalidad verde: Rehabilitación energética, movilidad sostenible y transición energética
Se establecen nuevas deducciones por obra de mejora de la eficiencia energética de las viviendas, tanto habitual como arrendada, para la reducción de la demanda de calefacción y refrigeración, la mejora en el consumo de energía primaria no renovable o la rehabilitación energética de edificios.
Se proponen deducciones del 5% o del 10% en el IRPF por la compra de vehículos nuevos de cero emisiones y del 15% por el establecimiento de puntos de recarga.
También deducciones en el Impuesto de Sociedades por inversiones y gastos vinculados a proyectos que procuren el desarrollo sostenible, la conservación y mejora del medioambiente o la economía circular. Aumento de las deducciones en I+D relacionadas con las nuevas fuentes de energía
Asimismo, y con este fin de impulsar la transición verde se incluyen esos incentivos en la tributación local aumentando las actuales.
Protección al tejido productivo: micro y pequeña empresa/cooperativas
En el caso de las microempresas la reforma fiscal consolida, en general, los forfaits (gastos de difícil justificación) ya existentes en las actividades agrícolas, ganaderas y en el transporte de mercancías y se establece uno nuevo del 40% para el régimen de artistas. Asimismo, se consolida el forfait para las microempresas en el 15%.
En el caso de las micros y pequeñas empresas se elimina el límite del 70% de la base imponible positiva previa para la compensación de las bases imponibles negativas.
Finalmente, otro de los objetivos que plantea la nueva revisión fiscal es la protección de las cooperativas. De este modo, con el doble objetivo de favorecer el acceso a la vivienda y de protegerlas, se califican como especialmente protegidas aquellas cooperativas de viviendas cuyo objeto sea el uso y disfrute de las viviendas (cooperativas de viviendas en régimen de cesión de uso)
