El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y los votos en contra de PPN y Vox, una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a “impulsar la búsqueda de un acuerdo institucional con las fuerzas políticas con representación en la Cámara Foral y la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), que incluya también la participación de las organizaciones sociales, al objeto de blindar los derechos humanos y contra los discursos de odio”.
La resolución aprobada incluye un segundo punto por el que, a su vez, el Legislativo Foral “apoya la implantación de medidas preventivas y programas en los centros educativos de nuestra Comunidad, cuya finalidad es el respeto a la diversidad y eliminar los prejuicios y estereotipos que alimentan los discursos de odio”.
Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhorta al Gobierno de Navarra a “diseñar campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad en general, a fin de concienciar sobre las consecuencias negativas de los discursos de odio, promover el respeto a la diversidad y favorecer la convivencia”.
Por último y a instancias de Geroa Bai, cuya enmienda de adición ha sido aceptada por el PSN, titular de la iniciativa, el Parlamento de Navarra “se compromete a promover el respeto a la diversidad y la convivencia mediante la regulación de medidas contra los discursos de odio en la actividad y el debate parlamentario, en el marco de la ponencia abierta para la aprobación de un código de conducta de las y los miembros de la Cámara”.
En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. PSN llama a la sociedad navarra, “referente en políticas igualitarias, de conquista y defensa de derechos y libertades”, a no mostrarse “indiferente ante la proliferación de discursos y delitos de odio que, desde distintas administraciones europeas, autonómicas y locales, amenazan la convivencia pacífica y promueven la discriminación”.
A tal fin, para evitar que esos intentos de “división” deriven en “actos de violencia física y emocional” sobre colectivos a los que, caso de migrantes o personas LGTBI, previamente se “estigmatiza”, se propugna una defensa “firme” del derecho a la “igualdad real y efectiva” de toda la población residente en Navarra, especialmente de los “más vulnerables”.
La proponente concluye imputando a la ultraderecha el cuestionamiento y/o la interrupción de los avances derivados de las políticas de “diversidad y cohesión social”, y advirtiendo sobre el “incremento de las agresiones y delitos de odio” desde su irrupción en las instituciones públicas.
