Exigen que se anulen las concesiones de explotación otorgadas y se declare la nulidad de los permisos de investigación
La Plataforma Unitaria contra las Minas de Potasa en la Bal d’Onsella y la Sierra del Perdón ha presentado, junto con Ecologistas en Acción, Sustrai Erakuntza y la Confederación General del Trabajo (CGT), sendos recursos de alzada ante las autoridades pertinentes, en las tres administraciones involucradas, contra la resolución favorable a la explotación de Mina Muga.
La plataforma ha considerado en una nota que el proyecto presentado por la empresa Geoalcali «carece de las garantías necesarias, y que deberían ser exigibles, para la apertura de una mina de las características y tamaño que tendría Mina Muga».
En primer lugar, ha solicitado «la nulidad de los tres permisos de investigación Goyo, Muga y Fronterizo por incumplimiento de las exigencias de la Ley de Minas en sus otorgamientos, al no haber sido sometidos a concurso público, otorgándolos a dedo a Geoalcali».
Así, ha señalado «la escasa participación pública que han caracterizado las acciones realizadas por Geoalcali», entre las que ha destacado «los defectos en cuanto a publicidad del propio proyecto, así como en los cambios sustantivos de los que el mismo ha sido objeto». Igualmente, ha censurado «la abusiva utilización de los meses de agosto para las consiguientes consultas públicas para un documento especialmente redundante y farragoso que comprende un total de 15.000 páginas».
En este sentido, el recurso también hace referencia a «la ausencia de respuesta ante las peticiones de ampliación de plazos de participación y la falta de respuesta a las peticiones de documentación».
Por otro lado, ha considerado que la tramitación del proyecto «ha incumplido el principio de igualdad entre las partes interesadas, dejando sin informar a una gran parte de interesados pasivos que, tristemente, puede que se enteren de que una mina va a ser excavada en sus terrenos cuando sean expropiados».
Asimismo, ha asegurado que «se sigue evidenciando que la solvencia técnica y económica de Geoalcali está en entredicho, una empresa sin ninguna experiencia previa minera y que en lo económico depende de meras hipótesis de financiación».
En cuanto a la solvencia técnica, ha indicado que «sigue quedando en el aire el llamado proceso de backfilling, de relleno de las galerías, sobre el que la empresa ha presentado un informe de la ingeniería alemana K-Utec, del cual se sigue desconociendo su contenido y que es fundamental en el estudio de hundimientos del terreno y en la generación de escombreras de residuos salinos en superficie».
«Tampoco se justifica la ausencia de riesgo para la presa de Yesa, el Canal de Bardenas y la sismicidad de la zona, incumpliendo lo exigido por la Declaración de impacto ambiental», ha remarcado.
La plataforma ha afirmado, además, que Geoalcali incumple «los límites temporales de la explotación pues en el proyecto de explotación la propia empresa habla de una duración de 18 años, ampliable a 30 en previsión de diversas circunstancias que pudieran alargar la vida de la mina. Sin embargo, en el estudio de impacto ambiental se procede a una ampliación del ciclo de vida de la concesión de hasta 36 años, lo que no se ajusta a lo establecido en la ley».
De la misma manera, ha detectado «incumplimientos» en cuanto a las normas sobre responsabilidad, «pues el proyecto Mina Muga fue elaborado por la Sociedad Asturiana de Diversificación Minera S.L. (SADIM), para Geoalcali, pero la empresa asturiana se lava las manos en cuanto a la responsabilidad del proyecto refundido sobre el que se ha otorgado la concesión minera».
«NUMEROSAS AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES»
Por último, la plataforma llama la atención ante «las afecciones medioambientales que produciría Mina Muga». Así, por un lado, ha criticado que «los volúmenes totales de aguas extraídas del medio no están cuantificados para todas las fases, ni en el proyecto minero, ni en el estudio de impacto ambiental, ni reflejados en la declaración de impacto ambiental, lo que podría afectar a arroyos, fuentes naturales o al propio Canal de Bardenas».
Además, ha advertido que el proceso de explotación, procesamiento y transporte de los productos generados por Geoalcali generarán «un elevado volumen de gases de efecto invernadero» que la empresa «no ha identificado, ni cuantificado, y tampoco ha tenido en cuenta en su plan de restauración».
«Tampoco se ha evaluado el impacto del transporte de acceso a la mina y de salida de la potasa producida, camiones y vehículos en general que saturarán las carreteras de la zona y en especial la variante de Sangüesa y el acceso a la A-21», ha subrayado.
Por todo ello, la plataforma y el resto de asociaciones han exigido a las administraciones involucradas que «se suspenda la eficacia y se anule las concesiones de explotación otorgadas, denegándose definitivamente dicho otorgamiento y se declare la nulidad de los permisos de investigación».
