La consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, María Martín, ha reiterado la solidaridad de La Rioja en la acogida de menores migrantes no acompañados, durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se ha celebrado para abordar este asunto. “Nuestro ánimo es exactamente el mismo con el que acudimos a la anterior sectorial: solidario y responsable”, ha reiterado.
En aquel momento, minutos antes de la reunión, otro Ministerio distinto al convocante anunció un preacuerdo unilateral con el Gobierno de Canarias que truncó la posibilidad de acuerdo con el resto de comunidades. Esta tarde la propuesta ha llegado a efecto y La Rioja ha conocido de forma oficial el cupo de acogida que le corresponde y que será de 4 menores.
Se sumarán así a los otros 4 menores que La Rioja acordó acoger en 2023 y para los que aún el Gobierno de España sigue sin fijar fecha de llegada a nuestra Comunidad. Con estos antecedentes, La Rioja y la mayoría de las comunidades autónomas han reclamado al Ejecutivo central una política de inmigración basada en “la seriedad, la responsabilidad y la planificación. No se puede improvisar cuando estamos tratando de atender a menores de edad. Como llevamos este año diciendo y demostrando, estamos dispuestos a la acogida, pero siempre en la medida de nuestro tamaño y recursos. Es decir, ofreciendo un acogimiento de calidad e integral que garantice al menor migrante no acompañado la mayor dignidad posible y el mismo trato que el resto de menores que acogemos”, ha dicho.
También se ha hablado mucho de coordinación entre los distintos departamentos del Ejecutivo. Hasta el momento han intervenido hasta tres ministerios -Juventud e Infancia; Política Territorial y Memoria Democrática; y Migraciones- que han llegado a plantear propuestas contrapuestas con números tan dispares como los 285 menores que se llegó a publicar que debería acoger La Rioja frente a los 4 finalmente establecidos.
Ley de extranjería
En otro punto del orden del día de la Conferencia Sectorial de esta tarde, el Gobierno de España ha informado sobre la propuesta de reforma del artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros. Un aspecto únicamente informativo sobre el que las comunidades no tiene competencias y sobre el que poco han podido aportar, ya que el texto fue remitido a última hora de ayer, martes, sin tiempo para ser analizado desde los servicios jurídicos y técnicos expertos en la materia. A pesar de ello, La Rioja y otros territorios han considerado que la intención de reformar esta Ley únicamente persigue “trasladar una responsabilidad que es del Ministerio a las comunidades”. A juicio de la consejera riojana de Políticas Sociales, “el Gobierno tiene que definir una política migratoria a largo plazo, al margen de situaciones coyunturales.
Entendemos que el Estado está desbordado pero el problema no se soluciona trasladándolo a las comunidades autónomas sino con políticas más profundas y coordinadas con otros países”. En ese sentido, se lleva tiempo insistiendo al Estado para que “declare la Emergencia Migratoria y busque un marco conjunto de gestión de la inmigración en el seno de la Unión Europea”.
“Estamos frente a una crisis humanitaria estructural y para hacerle frente el Gobierno Central debería haber presentado un diagnóstico y una planificación con recursos de infraestructuras, de profesionales y de financiación. Así se lo hemos reclamado las comunidades porque hasta el momento somos las únicas que estamos actuando y lo estamos haciendo por solidaridad y por responsabilidad ante la inacción del verdaderamente competente que es el Estado”.
Situación en La Rioja En estos momentos La Rioja dispone de 135 plazas para la atención a menores, distribuidas en 2 centros, 11 pisos y 4 centros terapéuticos de otras comunidades autónomas para niños y jóvenes que requieren de una intervención especial. Esta red de acogida será ampliada, un proyecto en el que ya trabaja el Gobierno de La Rioja pero que precisa de tiempo, financiación y profesionales especializados. Dotarse de más recursos es imprescindible porque La Rioja tiene ya una saturación residencial muy elevada, por encima del 90%. La infraestructura de acogida se destina a todos los menores que la administración debe tutelar por distintas circunstancias, además de los migrantes no acompañados.
La Rioja tutela en la actualidad nueve migrantes no acompañados, a los que se sumarán los cuatro del cupo de 2023 y los otros cuatro del nuevo cupo, al margen de los que puedan llegar por otras vías.
