La investigación biomédica pública de Navarra se juega mucho. Y es necesario hablar de ello.
Gracias a la investigación biomédica avanzamos en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el cáncer, el alzhéimer o las patologías cardiovasculares. Cuando ese trabajo se desarrolla desde el sistema público, el conocimiento generado revierte directamente en la calidad de la asistencia sanitaria y responde a las necesidades reales de la ciudadanía, por encima de intereses económicos o comerciales.
En Navarra, este modelo atraviesa un momento decisivo. La Fundación Miguel Servet, entidad pública encargada de gestionar y promover la investigación biomédica de Navarrabiomed y del conjunto del ecosistema público de salud navarro, ha desempeñado durante años un papel fundamental para impulsar la investigación y trasladar sus resultados a la práctica clínica.
Su labor ha permitido apoyar al personal investigador y sanitario, captar financiación para proyectos competitivos, garantizar el uso transparente de los recursos públicos y favorecer que los avances científicos lleguen a los hospitales, los centros de salud y, en definitiva, a la población.
Sin embargo, existe una creciente preocupación por el progresivo descenso de la actividad investigadora gestionada desde esta fundación pública. Esta situación coincide con el traslado de funciones y proyectos que históricamente desarrollaba la Fundación Miguel Servet hacia FIdiSNA, una fundación de carácter privado. Esta situación ha abierto un debate legítimo sobre cuál debe ser el papel de las instituciones públicas en la gestión de la investigación sanitaria en Navarra.
La preocupación no se limita a quién gestiona los recursos. También tiene que ver con la evolución de las prioridades de la propia Fundación Miguel Servet. Muchos profesionales perciben que la investigación, razón de ser de la esta institución, está perdiendo protagonismo frente a otras actividades como la innovación, la transferencia o la prestación de servicios. Todas ellas pueden ser complementarias y necesarias, pero nunca deberían desplazar la misión principal de impulsar la investigación biomédica pública.
¿Por qué debería preocupar esto al conjunto de la ciudadanía?
Porque la investigación pública es una pieza estratégica para el futuro de nuestro sistema sanitario. Su desplazamiento hacia entidades privadas puede conllevar riesgos importantes.
En primer lugar, una pérdida de control público sobre la orientación de los recursos y las prioridades investigadoras. La investigación financiada con dinero público debe estar guiada por las necesidades de salud de la población y sus resultados deben revertir en beneficio del sistema público.
En segundo lugar, la transparencia. La gestión pública proporciona un marco especialmente exigente en materia de transparencia y acceso a la información, elementos fundamentales cuando se administran recursos financiados por la ciudadanía. Además, incorpora mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas que ayudan a garantizar que las prioridades de investigación se mantengan alineadas con las necesidades del sistema público de salud y con el interés general.
Y, en tercer lugar, una posible alteración de las prioridades. La investigación pública debe orientarse al interés general, incluso cuando ello no genere beneficios económicos inmediatos. Su objetivo es mejorar la salud de las personas, no la rentabilidad de proyectos o inversiones.
Defender el control público de la ciencia es, por tanto, una garantía para preservar una sanidad universal, accesible y de calidad. Es apostar por un sistema capaz de generar conocimiento propio, formar profesionales, atraer talento y responder con autonomía a los desafíos sanitarios del futuro. No se trata de cuestionar la contribución que puedan realizar otras entidades, sino de garantizar que la investigación biomédica financiada con fondos públicos sea liderada por estructuras públicas sólidas, transparentes y orientadas al interés general.
Lo que hoy está en juego no es únicamente el futuro de una fundación. Lo que está en juego es la capacidad de Navarra para mantener una investigación biomédica pública sólida, independiente y al servicio de la ciudadanía.
Por ello, quienes firmamos este escrito reclamamos un cambio de rumbo que refuerce la investigación biomédica pública y garantice que los recursos públicos destinados a la investigación permanezcan bajo gestión y control públicos. Pedimos al Gobierno de Navarra y al Departamento de Salud que sitúen nuevamente la investigación en el centro de sus prioridades y que orienten sus decisiones al interés general y a la mejora de la salud de la población.
Los grupos parlamentarios tienen también la oportunidad de impulsar esta reorientación durante la tramitación de la futura Ley de Salud de Navarra.
Porque defender la investigación pública hoy es defender la sanidad pública de mañana.
Iñaki Moreno Sueskun, Plataforma Navarra de Salud/Nafarroako Osasun Plataforma
Beatriz Orduña, Comité de Empresa de la Fundación Miguel Servet
