La Comisión de Desarrollo Rural del Parlamento de Navarra ha aprobado una resolución por la que se insta al Gobierno foral a presentar una planificación territorial, ambiental y agronómica del sector del biogás y biometano en Navarra, que establezca criterios claros de implantación, límites de capacidad por zonas, gestión de digestatos y mecanismos reales de participación municipal y vecinal. La iniciativa, impulsada por UPN, salió adelante con los votos a favor de UPN, EH Bildu, PPN y Contigo-Zurekin, y las abstenciones de PSN y Geroa Bai.
La resolución incluye tres exigencias adicionales al Ejecutivo foral. La primera es remitir al Parlamento un informe completo sobre todas las actuaciones realizadas desde la aprobación de la moratoria, con el estado actualizado de todos los proyectos de biogás y biometano en Navarra, las autorizaciones concedidas, suspendidas o anuladas, y las medidas adoptadas para garantizar la seguridad jurídica, ambiental y territorial del sector. La segunda es convocar de forma efectiva y vinculante la mesa intersectorial prevista en el marco de la moratoria, con participación de ayuntamientos, concejos, organizaciones agrarias, cooperativas, universidades, plataformas vecinales y representantes del sector. La tercera es plantear una ampliación temporal de la moratoria ante la falta de desarrollo normativo, territorial y ambiental del sector por parte del propio departamento.
En la exposición de motivos, la resolución critica duramente la gestión del Gobierno de Navarra, señalando que la situación actual no surgió de forma espontánea, sino que el propio Ejecutivo impulsó proyectos sin haber construido previamente una planificación territorial, un consenso social ni un marco claro de gestión ambiental y agronómica. Meses después de aprobarse la moratoria, denuncia la resolución, no consta que el Gobierno haya desarrollado un verdadero trabajo de ordenación del sector: no existe un mapa real de capacidad territorial para la gestión de digestatos, ni criterios acumulativos de carga de nitrógeno, ni una planificación seria en áreas vulnerables a la contaminación difusa, lo que obliga a municipios, concejos, agricultores y vecinos a soportar toda la presión.
El texto subraya que el problema de fondo nunca fue únicamente energético, sino también agronómico, territorial y ambiental, un ámbito donde el Gobierno "sigue actuando con improvisación". En ese sentido, advierte que una eventual prórroga de la moratoria no sería consecuencia de un exceso de prudencia, sino de la incapacidad del propio Ejecutivo para desarrollar la regulación que justificó políticamente su aprobación.
