La Comisión de Desarrollo Rural del Parlamento de Navarra ha aprobado este martes una resolución por la que se insta al Gobierno foral a impulsar las medidas legales, reglamentarias o ejecutivas necesarias para establecer una moratoria integral a la instalación de plantas de biometanización o biogás en el territorio navarro. La resolución ha salido adelante con los votos a favor de UPN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin, y la abstención del PSN.
El texto, impulsado por Contigo-Zurekin, propone aplazar la instalación de este tipo de plantas hasta que Navarra cuente con "un ecosistema normativo garantista, participado por el sector agropecuario, por la ciudadanía y por los municipios afectados, que permita pautar un despliegue ordenado, sostenible y acorde con la situación de crisis climática, falta de biodiversidad y consumo excesivo de los recursos".
Antecedentes normativos y proyectos anulados
La resolución recoge que Navarra carece del marco normativo necesario para garantizar un despliegue ordenado de estas instalaciones, argumento ya esgrimido en una resolución anterior aprobada por la Comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente el 3 de octubre de 2025.
La exposición de motivos recuerda asimismo que el Parlamento aprobó el 30 de octubre de 2025 una modificación de la Ley Foral 17/2020 reguladora de las Actividades con Incidencia Ambiental, que incluía una moratoria que daba cobertura legal a los proyectos más polémicos hasta la fecha: los de Arróniz y Sesma. Ese texto respondía a una enmienda consensuada por UPN y PSN como alternativa a la proposición de ley impulsada por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.
Sin embargo, Contigo-Zurekin señala que se ha constatado la insuficiencia de residuos ganaderos en Navarra para sustentar el crecimiento de estas plantas, y recuerda que durante los últimos días se ha conocido que el propio Gobierno de Navarra ha estimado recursos y anulado las autorizaciones de los proyectos de Arróniz y Sesma, al considerar que, al no contar con la autorización de todos los titulares de las parcelas afectadas, los proyectos carecen de base territorial suficiente para aplicar en campo los digestatos obtenidos, entre otras razones.
La sesión estuvo presidida por Blanca Regúlez, del Grupo Parlamentario Geroa Bai.
