Una inspección rutinaria de vertidos en una nave industrial de la Zona Media de Navarra acabó destapando una operación de elaboración y venta de aceite de oliva al margen de cualquier control sanitario y bajo etiquetas que usurpaban la denominación protegida "Aceite de Navarra". El resultado: 2.000 litros de aceite inmovilizados y precintados, y un hombre de 65 años y nacionalidad francesa investigado por presuntos delitos contra la salud pública y la propiedad industrial.
Una inspección por vertidos, un fraude alimentario al descubierto
Todo comenzó cuando patrullas del Equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Pamplona detectaron residuos procedentes de la elaboración de aceite que alcanzaban la red de evacuación de aguas pluviales de la instalación. Al entrar en la nave, los agentes encontraron depósitos con aceite de oliva, productos alimentarios preparados para su distribución y abundante material de envasado y etiquetado.
La inspección derivó en la inmovilización y precintado de aproximadamente 2.000 litros de aceite. Las verificaciones posteriores confirmaron que la actividad no contaba con ningún registro sanitario habilitado.
Vendido en Francia con referencias a una denominación protegida
La investigación acreditó que el aceite elaborado en esa nave había llegado a establecimientos comerciales en Francia. Para su promoción y venta, el etiquetado recurría a expresiones asociadas a la denominación "Aceite de Navarra", una indicación reservada exclusivamente a operadores autorizados sometidos a controles rigurosos de calidad y trazabilidad.
En coordinación con el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, se practicaron varias inspecciones higiénico-sanitarias y se tomaron muestras para su análisis en el Laboratorio Agroalimentario de Navarra. El informe técnico concluyó que el producto no reunía las condiciones exigibles para su comercialización como alimento destinado al consumo público.
Sin trazabilidad ni documentación obligatoria
A las irregularidades sanitarias se sumó la ausencia total de documentación sobre trazabilidad de la producción, controles de calidad, gestión de residuos y registros de actividad alimentaria, todos ellos de cumplimiento obligatorio para cualquier operador del sector. Los investigadores detectaron además discrepancias entre el volumen de producción declarado y los envases adquiridos para la comercialización.
Las diligencias por los presuntos delitos contra la salud pública y la propiedad industrial han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Tafalla, Plaza número 1.
