El debate en el turno de ruegos y preguntas durante la Comisión de Urbanismo de Pamplona de este miércoles ha evidenciado la creciente preocupación política y vecinal por la bajera ocupada en el barrio de Azpilagaña, un local sin cédula de habitabilidad donde reside un grupo de personas y que acumula incidentes, especialmente relacionados con enganches irregulares de luz y problemas de convivencia.
El edil de UPN, Javier Labairu, centró su intervención en exigir explicaciones al área de Urbanismo por su gestión del caso, después de que se conociera una nueva actuación policial y “el cuarto pinchazo eléctrico en dos meses”, según habrían trasladado los vecinos. Labairu subrayó que incluso el jefe de la Policía Municipal reconoce que el conflicto “no es un problema policial”, y reclamó que el Ayuntamiento actúe desde Urbanismo, recordando que la bajera no cuenta con cédula de habitabilidad.
El concejal preguntó de forma directa qué ha hecho el responsable de Urbanismo tras recibir el informe policial que advertía de que el local carece de permiso de habitabilidad y, pese a ello, se está utilizando como vivienda. Además, cuestionó la actuación previa del área en 2023, cuando ya existían problemas en la bajera, y dio a entender que no le constan medidas efectivas en aquel momento.
Labairu incidió en que, según los vecinos, la situación se ha agravado a partir de 2025, con “incidencias importantes, amenazas y problemas graves”, y advirtió de que el barrio teme que la escalada termine en algún incidente serio. En su intervención llegó a citar resoluciones del Defensor del Pueblo que, a su juicio, avalarían la potestad municipal para clausurar el local por las condiciones “infrahumanas” en las que viven sus ocupantes, a la vez que reclamó que se ofrezcan alternativas habitacionales para estas personas.
La respuesta de Abaurrea (EH Bildu)
El portavoz de EH Bildu y responsable de Urbanismo, Joxe Abaurrea, defendió la actuación de su área y pidió “no generar expectativas que no existen” en relación con un posible desalojo inmediato del local. Recordó que Urbanismo abrió en febrero de 2024 un doble expediente: uno de disciplina urbanística y otro para la imposición de multas coercitivas, y aseguró que dichos procedimientos siguen en curso.
Abaurrea explicó que, aunque la bajera no tiene autorización para ser vivienda, el hecho de que en la práctica funcione como domicilio activa la protección del derecho constitucional a la vivienda, lo que obliga a contar con autorización judicial para cualquier desalojo. Subrayó que Urbanismo puede dictar órdenes de clausura, pero estas “chocan” con la doctrina jurídica cuando el espacio ya se considera domicilio, y señaló que así lo traslada también la propia Policía Municipal.
El edil de EH Bildu insistió en que el Ayuntamiento no ha desistido de actuar y que se están analizando “fórmulas extraordinarias” para tratar de cerrar el local dentro del marco legal. Añadió que la propietaria del inmueble ni siquiera recoge los requerimientos municipales, hasta el punto de que han tenido que publicar las notificaciones en el Boletín Oficial de Navarra para darles validez.
Vías judiciales y responsabilidad vecinal y privada
Abaurrea puso el foco también en las vías penales y civiles que tienen a su alcance tanto la comunidad de propietarios como los vecinos afectados, especialmente en relación con los pinchazos de luz y el incumplimiento de los estatutos de la comunidad. Apuntó que, si a un vecino le “pinchan la luz”, este tiene derecho a reclamar, y recordó que la propiedad tiene obligaciones de mantener el local en condiciones de decoro y respeto a las normas comunitarias.
El responsable de Urbanismo animó a que la comunidad haga uso del asesoramiento jurídico del que dispone para explorar estas vías, que calificó de “cuestión de orden civil, en principio, y también penal en algunos casos”. Al mismo tiempo, recalcó que el área de Urbanismo seguirá buscando una “vía extraordinaria” para intervenir, pero advirtió contra la idea de que el Ayuntamiento puede desalojar por sí solo sin autorización judicial, calificándolo de “bulo” o “carrera de rumores” que conviene frenar.
Un problema enquistado en Azpilagaña
En uno de los momentos del debate, el portavoz de UPN, Javier Labairu reconoció que la bajera llevaba ocupada ya en 2023 (durante el mandato de Cristina Ibarrola), aunque sostuvo que entonces “no había problemática” según le trasladaron los vecinos. En este sentido, el edil de UPN, por su parte, insistió en que dada la situación actual, con repetidos enganches eléctricos y conflictos de convivencia, exige que el Ayuntamiento dé un paso más y “actúe” antes de que se produzca un incidente de mayor gravedad.
Ambos coincidieron en la preocupación por el malestar del vecindario, pero discreparon en el margen real de maniobra del Consistorio para ordenar el cierre inmediato del local. Mientras UPN reclama una clausura decidida acompañada de soluciones habitacionales para las personas que viven en la bajera, EH Bildu reivindica las actuaciones ya iniciadas y apela a la complejidad legal y judicial de cualquier desalojo cuando un espacio se ha convertido de hecho en domicilio
