La Federación de Servicios Públicos de UGT Navarra ha mostrado su "profunda preocupación" por el futuro de la Residencia Municipal San Vicente de Paúl de Sangüesa. La alerta sindical surge tras las declaraciones del alcalde, Javier Solozábal, quien en el último pleno municipal afirmó que el sostenimiento del centro sería inviable en un plazo de dos o tres años si se mantiene la tendencia económica actual.
Desde el sindicato denuncian que el déficit de la residencia se ha triplicado en los últimos dos años sin que el Ayuntamiento haya aportado explicaciones claras sobre las causas. Además, critican la falta de gestión, señalando que la plantilla orgánica sigue sin aprobarse desde 2024, las convocatorias de empleo público están paralizadas y el centro funciona con presupuestos prorrogados.
Impacto social y falta de transparencia
La residencia es actualmente un motor de empleo clave en la zona, con 46 trabajadores, y atiende a 54 residentes. UGT advierte de que el cierre de este servicio sería "inaceptable", ya que los centros asistenciales de localidades cercanas como Lumbier, Cáseda o Sos del Rey Católico no tienen capacidad para absorber a más usuarios.
Asimismo, la formación sindical critica la inactividad del Patronato, órgano que legalmente debe reunirse de forma periódica pero que solo lo hizo una vez durante todo el año pasado. Esta falta de reuniones, aseguran, vulnera los principios de transparencia y impide realizar un seguimiento real de las cuentas y de la calidad del servicio prestado a los mayores.
Exigencias al Ayuntamiento de Sangüesa
Ante este escenario de incertidumbre, UGT ha solicitado una reunión inmediata con el consistorio para exigir:
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Un plan de viabilidad urgente que garantice la continuidad del servicio.
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Transparencia total sobre el incremento de la deuda económica.
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Garantías de estabilidad laboral para los 46 empleados del centro.
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Información veraz a la representación legal de los trabajadores.
El sindicato insiste en que la residencia es un pilar fundamental del sistema de cuidados en la comarca y que su viabilidad debe ser una prioridad política inmediata para evitar un impacto humano y laboral irreversible.
