El fiscal reclama para los procesados penas entre 3 años y 6 meses de prisión y 5 años
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Aoiz ha dictado el auto de apertura de juicio oral a 23 acusados de formar parte de grupo criminal supuestamente dedicado, al menos desde 2015, al robo de naves industriales con la finalidad de obtener preferentemente cobre, pero también otros objetos.
En el auto, que es firme, la magistrada recoge las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal contra los 23 procesados, 22 de nacionalidad rumana y un español, para los que pide entre 3 años y 6 meses de prisión y 5 años.
En concreto, el fiscal solicita 5 años de prisión para cuatro encausados, 4 años y 6 meses para otro, 4 años para uno más, 3 años y 9 meses para cuatro procesados y 3 años y 6 meses para los otros 13 inculpados. A diez de los acusados les imputa un delito de integración en grupo criminal en concurso de leyes con un delito continuado de robo con fuerza en las cosas; y a los otros trece también les atribuye un delito de integración en grupo criminal pero en concurso de leyes con un solo delito de robo con fuerza.
Los 23 investigados, según expuso la juez en una resolución dictada el pasado enero, al menos desde el año 2015 perpetraron con mayor o menor intensidad, pero de forma estable y coordinada, robos con fuerza en naves empresariales de la Comunidad Foral de Navarra y zonas limítrofes con la finalidad de obtener cobre preferentemente, pero también otros objetos como herramientas, televisores, calefactores, etc., “al objeto de enriquecerse posteriormente con su venta, haciendo de ello, junto con las ayudas económicas y sociales percibidas en Navarra, su medio de vida en este país que en algunos casos supera los diez años, sin que durante ese tiempo hayan desempeñado trabajo alguno”.
El juicio se celebrará en los próximos meses en un Juzgado de lo Penal de Pamplona. En el supuesto de que fueran condenados, el fiscal reclamaría que los penados cumplieran un tercio de la condena en España, “con el fin de restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito”, y que el resto de la pena se sustituyera por la expulsión del territorio nacional y la prohibición de regreso durante 10 años.
