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María Caballero (UPN) exige a Marlaska equiparar las indemnizaciones de víctimas del terrorismo con y sin sentencia

 “No es justo que las víctimas sin sentencia paguen doblemente la incapacidad del sistema para resolver los atentados”, dice la senadora regionalista

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  • La senadora María Caballero, en una imagen reciente

La senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN), María Caballero, interpelará mañana al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la equiparación de las indemnizaciones de las víctimas del terrorismo que tienen sentencia y las que carecen de ella.

En concreto, la senadora regionalista preguntará a Marlaska en la sesión de control de la Cámara Alta si “sigue vigente su compromiso con las víctimas del terrorismo de legislar lo necesario para la equiparación de las indemnizaciones de las víctimas que tienen sentencia judicial y las que no la tienen”, tal y como expuso el propio ministro en 2023, afirmando que a tal fin se llevaría a cabo la necesaria reforma de la Ley de Víctimas del Terrorismo y presupuestando una alta cuantía en tres ejercicios sucesivos, algo que “impidió el adelanto electoral”.

Para Caballero, la diferencia entre las indemnizaciones que reciben unas y otras víctimas supone un “agravio comparativo” y un “trato injusto”. “Cualquiera entiende –razona– que no puede ser justo que la incapacidad de nuestro sistema para resolver los atentados pendientes penalice además a sus víctimas con menos compensación por el Estado”.

En este sentido, cabe señalar que en los casos con sentencia las cuantías son de 750.000 euros para los grandes inválidos y de 500.000 euros para los casos de asesinato, mientras que en aquéllos en los que no la hay son, respectivamente, de 500.000 euros y 250.000 euros. Es decir, un 50 por ciento más y el doble que para las víctimas cuyos atentados no han podido ser resueltos por la Justicia. 

Además, la senadora explica que se trata de una petición largamente solicitada no solo por las asociaciones y colectivos de víctimas, sino por el propio Defensor del Pueblo, que en 2016 recomendó la equiparación argumentando, entre otras cosas, que las víctimas sin sentencia “además del sufrimiento principal producido por el crimen, padecen también el derivado de la ausencia de condena a los responsables”.

 

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