Los convocantes de la polémica accion 'perfomance' en las oficinas del Servicio de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona de este viernes han aclarado que la actividad, organizada por el Punto de Información para personas Migradas (PIM-MIG), tenía como objetivo visibilizar los déficits de las políticas institucionales que dejan desatendidas a personas en situación de vulnerabilidad extrema. «Queremos aclarar que la acción fue una representación teatral humorística», explican, «y en ningún momento se faltó al respeto ni se increpó a las trabajadoras presentes». El consistorio de Pamplona ha presentado denuncia formal ante Policía Municipal, y la Junta de Portavoces se solidarizó con las trabajadoras ante un caso de "coacciónes":
Según han afirmado este miércoles los convocantes, la denuncia se centra en dos familias con menores que, según el colectivo, han sido abandonadas por las instituciones. Añaden qiue la protesta buscaba evidenciar cómo este abandono afecta a muchas más personas, especialmente a jóvenes que viven en situación de calle en Pamplona, enfrentándose diariamente a la falta de techo y comida. A pesar de las dificultades, muchos de estos jóvenes continúan acudiendo a clases de castellano, organizadas en parte por colectivos autogestionados, y participan en cursos de formación.
El PIM-MIG ha recalcado que, aunque el Servicio de Acción Social es una oficina de atención al público, su presencia en ella estaba plenamente justificada por la situación crítica de las familias afectadas. «Sentimos si algunas trabajadoras experimentaron malestar, pero en todo momento fueron tratadas con amabilidad y respeto», señalan desde el colectivo. En el comunicado se reivindica el derecho a la protesta, en este caso de forma artística y humorística, y se rechaza cualquier intento de criminalizar esta manifestación pacífica.
«Responder críticamente a la vulneración de derechos humanos es no solo legítimo, sino necesario en una sociedad democrática», afirman, subrayando que la acción fue siempre respetuosa y lícita. El colectivo también advierte sobre los efectos de la inacción institucional, lo que genera lo que definen como violencia institucional. A través de omisiones y decisiones que dejan desprotegidas a personas en situaciones de vulnerabilidad extrema, consideran que se está perpetuando una injusticia social grave. Por ello, insisten en que la crítica no debe ser criminalizada, sino que debe ser vista como una oportunidad para mejorar las políticas públicas. Desde el PIM-MIG alertan que adoptar posiciones inmovilistas ante estas problemáticas solo profundiza el descrédito de las instituciones municipales.
Afirman que, en situaciones urgentes como la exclusión social que padecen muchos ciudadanos, es importante enfocarse en resolver los problemas en lugar de criminalizar la movilización solidaria. «Nuestros votos no son un cheque en blanco», concluyen, reafirmando su compromiso en seguir luchando por los derechos de las personas migrantes y vulnerables en Pamplona.
