Un grupo de 50 mujeres y 50 hombres propondrán modificaciones en la normativa actual para impulsar el desarrollo de las zonas rurales
PAMPLONA, 19 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Navarra ha puesto en marcha un proyecto denominado Mecanismo Rural de Garantía, pionero a nivel estatal, para identificar y proponer modificaciones en la legislación actual con el fin de impulsar el desarrollo de las zonas rurales.
Con este propósito, se ha creado un grupo de 100 personas (G100), 50 mujeres y 50 hombres, convocadas por el ecosistema de emprendimiento e innovación El Hueco y expertas en ámbitos como movilidad, vivienda, tecnología, municipalismo, medioambiente o fiscalidad, que a lo largo de este año plantearán alternativas para futuras leyes, según ha explicado el Gobierno de Navarra.
El consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, ha presenciado este viernes la constitución de este grupo de trabajo en una sesión que ha contado con la participación del director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez; el director del Observatorio de la Realidad Social, Luis Campos; y el director de El Hueco, Joaquín Alcalde. Esta iniciativa cuenta, además, con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias.
En la rueda de prensa posterior al encuentro, Rodríguez ha remarcado que «se legisla desde la ciudad pero debe hacerse para todo el territorio. Sólo así lograremos construir una Navarra equilibrada, armoniosa y sostenible donde se asegure la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía, independientemente del lugar en el que hayan elegido vivir». Ha incido, además, en que «una legislación que no tenga en cuenta la «visión rural» puede dar al traste con cualquier política que se haga entorno al reto demográfico».
Por su parte, el director de El Hueco, organización que ha impulsado y coordina el proyecto, ha considerado que «hay que evitar que una mala legislación bloquee el futuro de nuestros pueblos, no les deje crecer o, en el peor de los casos, acabe con ellos. En este caso, que las leyes no sean iguales para todos es una cuestión de justicia, de cohesión territorial y social, y de progreso».
MECÁNICA DE TRABAJO DEL G100
El denominado G100 se dividirá en 15 áreas estratégicas: municipalismo y gobernanza, legislación europea, fiscalidad, contratación pública, empleabilidad y emprendimiento, educación y cultura, movilidad y transporte, envejecimiento y salud, urbanismo y vivienda, medioambiente y energía, economía agropecuaria y forestal, tecnología y conectividad, comercio y turismo, comunicación, nuevas economías e innovación social.
El proceso se llevará a cabo a lo largo de este año. En una primera etapa, entre los meses de febrero y junio, los grupos temáticos recopilarán y revisarán las políticas y normas que «influyen y/o limitan el desarrollo rural». A continuación, se realizará un trabajo plenario para poner en común los diagnósticos de cada área. Durante el segundo semestre, los grupos propondrán alternativas al diagnóstico realizado y a final de año se presentarán públicamente los resultados.
Para finalizar el proyecto se editará una guía con el ‘Mecanismo Rural de Garantía’ que recogerá «los puntos normativos conflictivos y las propuestas para su modificación en favor del impulso de una legislación que permita y promueva el desarrollo de las zonas rurales». El documento hará referencia asimismo al diseño de programas y estrategias para «cubrir las necesidades de las comunidades rurales» y pondrá en valor el potencial de estas zonas para «aportar modelos de desarrollo innovadores, integradores y sostenibles».
El mecanismo ‘Rural Proofing’, como se conoce esta iniciativa a nivel internacional, surge al amparo de procesos similares que se han iniciado en países que «padecen graves desequilibrios territoriales», como es el caso de Reino Unido, Finlandia, Suecia, Canadá, Australia o Nueva Zelanda.
En 2016 la Unión Europea (UE) celebró la Conferencia sobre Desarrollo Rural Cork 2.0, en la que se concluyó que era necesario revisar sistemáticamente las políticas sectoriales y macroeconómicas desde una perspectiva rural.
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN
El Gobierno de Navarra creó la Comisión Interdepartamental de Lucha contra la Despoblación para «abordar el reto demográfico desde la transversalidad, como un principio a tener en cuenta en cualquier política o plan de la Administración».
La Comisión trabaja sobre los principales ejes de actuación estratégicos en relación al reto demográfico y la despoblación, así como en la coordinación, concertación e impulso de las iniciativas y medidas preventivas y paliativas.
Como actuaciones más destacadas en 2020, cabe recordar el plan de inversiones de libre determinación, dotado con 5 millones de euros, y dirigido exclusivamente a los 265 municipios de menos de 10.000 habitantes para actuaciones como la reparación de caminos, pavimentación de calles, adecuación de piscinas, instalación de parques infantiles, aparcamientos de coches y auto caravanas o adquisición de casetas turísticas. Se han suscrito además convenios firmados con una treintena de pequeñas y medianas localidades para cofinanciar inversiones locales para mejorar servicios e infraestructuras municipales.
En cuanto a movilidad, se han promovido proyectos de construcción de nuevas rutas ciclables en los municipios navarros, como la conexión de Zúñiga y Metauten, y se han impulsado labores de conservación de carretera y obra nueva para mejorar la red, a través de actuaciones como la mejora de la parada de autobuses de Mendívil o la adecuación de los puentes de Cascante, Ibero y Eguíllor.
En materia educativa, se ha finalizado la construcción del nuevo colegio Zamadia de Abárzuza, construido bajo el concepto de ‘granja escuela’, y se han realizado obras de mejora en 65 municipios y concejos. Asimismo, se han iniciado las clases en los nuevos colegios de Roncal, Ituren y en el instituto de Ribaforada, estos dos últimos en funcionamiento desde este pasado mes de enero.
El desarrollo de la atención primaria y comunitaria, la adecuación del modelo asistencial a las nuevas necesidades y el empleo de nuevas tecnologías para incrementar la capacidad resolutiva y agilidad en la atención, en materias como la telemedicina, son algunas de las líneas de trabajo que se desarrollan en materia de salud.
