Pamplona- Iruña- 09 de julio 2020
La Guardia Civil destruyó durante el pasado año un total de 1.658 armas, de ellas, 1.409 armas largas, 233 armas cortas y 16 de otras características. En el conjunto de España se destruyeron 86.566 armas, entre las cuales más de 62.000 eran de fuego.
Estas actuaciones se enmarcan dentro de la normativa vigente en España y se suman al Programa de Acción de Naciones Unidas sobre el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras, que tuvo su origen en la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras celebrada en Julio de 2001.
En la citada Conferencia, quedaba patente, entre otras cuestiones «la preocupación por la fabricación, transferencia y circulación ilícitas de armas pequeñas y ligeras y por su acumulación excesiva y proliferación incontrolada en muchas regiones del mundo, lo cual tiene consecuencias humanitarias y socioeconómicas de muy diversa índole y supone una grave amenaza para la paz, la reconciliación, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo sostenible en los planos individual, local, nacional, regional e internacional».
A partir de ahí, la ONU estableció que, cada 9 de julio, se celebraría el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, con el fin de promover acciones para la eliminación de las armas de fuego de origen ilícito.
Control del acceso legal a las armas
Actualmente, la competencia en materia de armas y explosivos que el Estado tiene se materializa por medio de las Intervenciones de Armas y Explosivos de la Guardia Civil.
Estas unidades controlan el acceso legal a las armas, para lo cual el reglamento vigente establece unos requisitos, entre los que se encuentran la carencia de antecedentes penales así como la superación de pruebas teóricas y prácticas sobre el uso y manejo.
Asimismo, para evitar que un arma pueda ser utilizada indebidamente cuando el titular deje de tener derecho a su tenencia y uso, la normativa establece que sean inutilizadas o destruidas.
La inutilización de un arma, a partir del año 2011, está regulada por una normativa severa, de tal modo que es sometida a un proceso que afecta a todas las piezas fundamentales de ésta, siendo imposible volver a usarla con plena capacidad de funcionamiento.
Igualmente, la Guardia Civil, periódicamente, lleva a cabo la destrucción de armas de fuego de diversos calibres, así como armas blancas prohibidas. Algunas de ellas están implicadas en ilícitos penales o administrativos y tras el correspondiente procedimiento se determina su destrucción. Otras, que por cesar sus titulares en el derecho a la tenencia y uso y no haber sido adjudicadas en subastas, tienen el mismo fin. Ello permite que las armas sean reducidas a chatarra mediante un proceso de fundición o similar.
