Constituida la Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio sobre Desahucios suscrito por el Ejecutivo, la Federación Navarra de Municipios y Concejos y el Consejo General del Poder Judicial
25 de junio 2020
El Gobierno de Navarra considera imprescindible que, en la situación post COVID-19, se refuercen los mecanismos de protección a personas y familias vulnerables que puedan sufrir desahucios, y reclama y ofrece “máxima colaboración interinstitucional” para apoyar a esas personas.
Así lo ha expresado el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, tras presidir la reunión constituyente de la Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio sobre Desahucios suscrito por el Gobierno, la Federación de Municipios y Concejos (FNMC) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Como se recordará, las tres partes mantienen en vigor, tras sucesivas prórrogas, el convenio sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasiones de lanzamiento de vivienda familiar y sobre la necesidad de adoptar medidas de carácter social. La comisión mixta constituida tiene como objetivo el seguimiento, la vigilancia y el control de la ejecución y aplicación de este convenio.
“Una injusticia estructural a la que las políticas públicas deben dar respuesta”
El consejero Eduardo Santos ha valorado “muy positivamente” la constitución de la comisión, que ha servido para valorar el cumplimiento del convenio durante estos años atrás y dar un “seguimiento especial” en el nuevo escenario post covid-19.
“Estamos hablando de una situación estructural injusta que la crisis económica de 2008 puso de manifiesto, como probablemente veremos de nuevo en los próximos meses; pero la situación es sistémica”, ha destacado Eduardo Santos.
El consejero ha puesto de relieve, además, que “crisis así hacen que lo que es una injusticia, y supone la vulneración del derecho a la vivienda, se cebe con las personas más vulnerables”.
“Las políticas públicas deben ser diseñadas para responder a esta realidad injusta, y las administraciones debemos responder coordinadamente”, ha subrayado Santos, al tiempo que ha señalado que esta comisión mixta es una “respuesta concreta y efectiva”.
En ese sentido, Santos ha valorado “la sensibilidad demostrada por jueces y magistrados, que han sido punta de lanza en la protección de las personas vulnerables en esta materia”; y ha solicitado una especial vigilancia “en desahucios de personas que viven de alquiler y en personas que tienen una vivienda protegida o en promotoras relacionadas con grandes tenedores”.
Eduardo Santos ha destacado “el papel de unos ayuntamientos que siempre han sido muy proactivos y sensibles en la defensa de sus vecinos y vecinas”; y ha hecho hincapié en la necesidad y oportunidad de tener una colaboración “lo más estrecha posible” entre instituciones, como las representadas en el convenio.
Al mismo tiempo, ha expresado también la convicción de que es necesario un “trabajo interdepartamental fluido” dentro del Gobierno de Navarra. Las sinergias interinstitucionales e interdepartamentales son dos claves del Plan Reactivar Navarra / Nafarroa Suspertu, ha recordado Santos, que se ven bien ejemplificadas en este convenio. “El trabajo en red es lo que nos va a permitir la solución efectiva de los problemas que tiene la ciudadanía”, ha destacado.
De la comisión de seguimiento
La comisión, cuya creación quedaba ya establecida como compromiso en el convenio suscrito, ha quedado constituida por representantes de las tres partes implicadas.
El Gobierno de Navarra ha designado como vocales a Alejandra de la Fuente, jefa de la Sección de Ayudas y Planificación del Servicio de Vivienda del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos; y a Izaskun Gartzaron Zudaire, jefa de la Sección de Asistencia a las Víctimas del Delito de Navarra y Colaboración con los Órganos Judiciales. Ejerce como secretario el director del Servicio Social de Justicia del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, Jesús Jiménez.
Por parte de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, son representantes su presidente, Juan Carlos Castillo, y la concejal del Ayuntamiento de Pamplona María Caballero. El CGPJ ha designado como vocales a Juan Manuel Fernández y Javier Fernández-Corredor Sánchez-Diezma.
Sobre el convenio
Firmado en 2016 entre Gobierno de Navarra, el CGPJ y la FNMC, y prorrogado posteriormente de manera anual en 2017, 2018 y 2019, el pasado mes de octubre fue suscrita una última prórroga que estará en vigor hasta 2023. Si bien el motivo inicial del convenio estaba relacionado con la crisis económica y sus consecuencias en materia de vivienda, el escenario que deja la pandemia de COVID-19 hace que, a juicio del consejero Santos, “el texto firmado y el espíritu colaborativo que refleja recobre importancia y actualidad”.
El convenio establece que el CGPJ comunicará al Gobierno los casos en que una persona se pueda encontrar en situación de exclusión social debido a un desahucio sobre una vivienda en propiedad o sobre una vivienda alquilada.
A partir de ese momento, el Ejecutivo y la FNMC activarán sus programas de protección, centrados especialmente en concesión de ayudas de emergencia, mediación en materia de vivienda (con entidades financieras, en caso de vivienda en propiedad, o con la propiedad, en caso de vivienda en alquiler), y acceso a arrendamientos en viviendas del fondo foral de vivienda social, de la bolsa de alquiler o de viviendas protegidas.
