La capital ribera cuenta actualmente con 37 licencias de apartamentos turísticos
El Defensor del Pueblo ha sugerido al Ayuntamiento de Tudela que regule la situación de los apartamentos turísticos. En concreto, el consistorio ribero reconoce que actualmente no cuenta con una limitación a la proliferación de viviendas de uso turístico en la localidad desde el punto de vista urbanístico.Asimismo, el ayuntamiento informa que actualmente existen 37 licencias concedidas a apartamentos turísticos en la localidad.
La institución que dirige Francisco Javier Enériz Olaechea ha recordado que recibió el pasado mes de agosto una queja de una ciudadana por la proliferación de estas viviendas y aseguraba que “las comunidades de vecinos se sienten indefensas ante la proliferación de los apartamentos turísticos. Viviendas que únicamente son compradas con el fin de obtener lucro”.
El Defensor añade que “la problemática que expone la autora de la queja forma parte de un fenómeno recientemente en auge en los municipios con cierto interés turístico, que se da, no solo en la Comunidad Foral de Navarra, sino que también en los países de nuestro entorno” y afirma que “si bien las viviendas de uso turístico constituyen un elemento de dinamización económica en el entorno en el que se ubican, los problemas que ocasionan para los residentes en los edificios donde coexisten viviendas con dicho uso turístico y viviendas que constituyen el domicilio habitual de las personas residentes en una determinada localidad, son también numerosos y nada desdeñables (problemas de seguridad y de ruidos, encarecimiento del precio de la vivienda en determinadas zonas de interés turístico, turistificación de los barrios, etcétera)”.
Por todo ello, dice el Defensor que “dada la incidencia que puede tener el fenómeno de la proliferación de los apartamentos turísticos en las condiciones de vida de los vecinos de la localidad, esta institución ve oportuno sugerir al Ayuntamiento de Tudela que valore la dimensión de la problemática expuesta en la queja, para que, en su caso, adopte las medidas normativas que resulten necesarias como resultado de dicha valoración”.
Como suele ser habitual, Enériz da un plazo de dos meses al Ayuntamiento de Tudela para contestar si acepta la sugerencia, y, en su caso, las medidas adoptadas para su cumplimiento.
