La Policía Nacional y la Guardia Civil han iniciado este viernes el traslado masivo de cientos de migrantes desde las playas del Trampolín y de Benítez hacia el nuevo espacio de acogida temporal habilitado en el puerto de Ceuta. El operativo busca gestionar el impacto de la crisis migratoria generada tras la entrada de más de 70.000 personas a finales de julio desde Marruecos, una coyuntura que vuelve a poner a prueba la Capacidad de gestión del Gobierno central y el desgaste de las infraestructuras locales.

El dispositivo, coordinado por la Policía Nacional con más de 150 agentes, arrancó sobre las 6:30 horas. El trayecto a pie de casi dos kilómetros por el Paseo Marítimo registró graves dificultades debido a la acumulación de personas. A pocos metros de la playa de Benítez se vivieron momentos de alta tensión en los que las fuerzas de seguridad recurrieron al uso de porras y petardos para disuadir a la multitud. Un escenario que evidencia las complejas dinámicas de control poblacional y la urgencia de coordinar una política migratoria más equilibrada, firme y previsible.

Sindicatos policiales denuncian la falta de previsión institucional

Aunque el campamento del puerto tiene capacidad para unos 1.700 migrantes, se estima que en las playas permanecían asentadas más de 3.000 personas en condiciones extremas tras un mes y medio en la calle. Cerca de las 11:00 horas, alrededor de 800 personas —entre ellas varios menores— ya habían accedido al recinto tras recibir una pulsera identificativa y pasar controles de seguridad, mientras cientos aguardan aún su turno.

El desarrollo del operativo ha reabierto el debate sobre la planificación estatal de los derechos humanos y la seguridad pública en la frontera sur. El sindicato policial JUPOL ha criticado duramente la gestión del Ejecutivo, denunciando la falta de medios y la improvisación a la que se expone a los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), cuyas condiciones de trabajo vuelven a verse comprometidas en medio de esta crisis migratoria.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la comisión masiva de estafas informáticas y al posterior blanqueo de capitales de los fondos obtenidos. La operación policial se ha saldado con 44 personas detenidas por los delitos de estafa, blanqueo y pertenencia a organización criminal, tras dejar al menos 146 víctimas en todo el país y un perjuicio económico que asciende a más de 430.000 euros.

Ingeniería social, falsos alquileres y reventa de entradas

La investigación se inició en mayo de 2024 a raíz de una denuncia presentada por una víctima a la que habían defraudado 0,5 Bitcoin (BTC). A partir de este hecho, los investigadores siguieron el rastro del dinero y constataron que la red actuaba mediante un entramado estable y fuertemente jerarquizado.

Para captar a sus víctimas, la banda empleaba técnicas de ingeniería social como campañas de vishing (haciéndose pasar por empleados de entidades bancarias para obtener credenciales), smishing, páginas de phishing, publicación de falsos anuncios de alquiler de viviendas y reventa fraudulenta de entradas para eventos multitudinarios. Asimismo, la red gestionaba la compraventa engañosa de dispositivos electrónicos de alta gama y contaba con una extensa estructura de mulas bancarias.

Blanqueo de capitales en criptoactivos y registros policiales

Los beneficios ilícitos eran canalizados hacia cuentas bancarias para su posterior conversión en criptoactivos, buscando así dificultar la trazabilidad del dinero.

Tras identificar a la totalidad de los integrantes, la Policía Nacional ejecutó 14 entradas y registros simultáneos en las provincias de Tarragona (4), Barcelona (5), Almería (1), Cádiz (1), Málaga (2) y Ciudad Real (1). Durante el operativo se intervino 3.410 euros en efectivo, criptoactivos valorados en 54.000 euros, 70 líneas telefónicas, 57 tarjetas bancarias, 43 tarjetas SIM, 24 teléfonos móviles, cuatro ordenadores, cinco memorias USB, 773 gramos de hachís, una defensa extensible, una catana y diversos aparatos electrónicos.

Un total de 73 organizaciones sanitarias, científicas, profesionales, ciudadanas y de pacientes, junto a once docentes universitarios independientes, han dirigido una carta abierta a la Universidad de Extremadura para exigir el cese inmediato de toda financiación procedente de Philip Morris International o de cualquier otra empresa de la industria del tabaco y la nicotina a la Cátedra de Investigación para la Reducción del Riesgo Cardiovascular de Extremadura (CIRRCE).

La reclamación llega a pocos días de que la UEx celebre, del 21 al 23 de septiembre en Jarandilla de la Vera, el curso "Riesgo cardiovascular asociado a tabaquismo: un reto social". Ante su proximidad, Nofumadores.org, CNPT, ICO, AECC, FAECAP, ATAEX, SALT, XQNS, Aire Berri, ENSP y ASH han solicitado además formalmente su suspensión mientras CIRRCE continúe financiada por Philip Morris International.

Las entidades consideran incompatible que una estructura universitaria financiada por una compañía tabaquera organice formación académica sobre tabaquismo, reducción de daño y productos de tabaco y nicotina, ámbitos en los que la propia empresa mantiene intereses comerciales directos.

Un curso centrado en la "reducción de daño"

El programa incluye una mesa titulada "¿Todos los productos hechos con tabaco son iguales?", sesiones sobre el "Modelo Sueco de Reducción de Daño" y el "Modelo Inglés de Reducción de Daño", "Nicotina Versus Humo: Dos Elementos Fundamentales muy Diferentes" y una ponencia final denominada "Dos décadas de la estrategia de control mundial del consumo de tabaco: es hora de repensarlo". Según las organizaciones firmantes, la selección y formulación de los títulos de las sesiones, mesas redondas y ponencias apunta a un enfoque que coincide, en buena medida, con las líneas argumentales promovidas desde hace años por la industria tabaquera para defender sus nuevos productos de nicotina y cuestionar las políticas tradicionales de control del tabaco.

Las organizaciones subrayan que no cuestionan la investigación científica ni la libertad académica, sino la independencia del marco en el que se desarrolla el debate cuando existe financiación de una compañía tabaquera con intereses comerciales que, a su juicio, entran en conflicto con los objetivos de salud pública y pueden condicionar la orientación y los términos de dicho debate.

"No estamos cuestionando que se investigue sobre tabaquismo, nicotina o reducción de riesgos. Lo que resulta incompatible con una investigación sanitaria verdaderamente independiente es que sea la propia industria tabaquera la que contribuya a financiar el marco académico desde el que se plantea ese debate", afirma Raquel Fernández Megina, presidenta de Nofumadores.org.

La Organización Mundial de la Salud advirtió en noviembre de 2025 sobre la utilización del concepto de reducción de daño por parte de compañías de tabaco y nicotina para promocionar cigarrillos electrónicos, bolsas de nicotina y productos de tabaco calentado, diferenciando este uso comercial de los programas de reducción de daño dirigidos desde el ámbito sanitario.

Una controversia que ya provocó una cancelación en mayo

El pasado mes de mayo ya estaba prevista en Talayuela una "Jornada de divulgación sobre reducción de daño cardiovascular y tabaquismo" organizada en torno a CIRRCE. Nofumadores.org y ATAEX solicitaron entonces a FundeSalud que retirara su apoyo y participación, y la jornada terminó siendo cancelada tras las actuaciones de distintas organizaciones sanitarias y de salud pública.

Cuatro meses después, la programación de un nuevo curso sobre tabaquismo y reducción de daño lleva a las entidades a considerar que el problema no se limita a una actividad concreta, sino al conflicto de intereses derivado de la financiación de CIRRCE.

Fin de la financiación y suspensión del curso

La propia Universidad de Extremadura recoge entre sus convenios el acuerdo para la creación de CIRRCE con la participación de Philip Morris International y la Diputación de Cáceres. Los firmantes de la carta consideran que esta vinculación entra en conflicto con los principios del artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, que establece el deber de proteger las políticas de salud pública frente a los intereses comerciales de la industria tabaquera.

Por ello, reclaman el cese de toda financiación de Philip Morris o de cualquier otra empresa del sector a CIRRCE, un modelo alternativo y transparente y un protocolo universitario para prevenir futuros conflictos de interés. Si la universidad considera que la cátedra no puede mantenerse sin esa financiación, solicitan su cierre.

"Una universidad pública debe ser un espacio de investigación independiente, no una vía para que una industria con intereses comerciales directos en los productos que son objeto de debate gane legitimidad académica y sanitaria", añade Fernández Megina.

Paralelamente, Nofumadores.org, ICO, XQNS, Aire Berri, ENSP, ATAEX, CNPT, SALT, ASH y FAECAP han solicitado la suspensión del curso del 21 al 23 de septiembre y una respuesta de la universidad antes de su inicio.

La carta abierta de las 73 organizaciones y once profesionales independientes concede además a las instituciones destinatarias un plazo de 30 días para informar por escrito sobre las medidas adoptadas en relación con la financiación de CIRRCE.

La magistrada María Tardón ha citado a declarar como testigos al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz, en relación con la entrada masiva irregular de inmigrantes en Ceuta desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. Esta acción busca esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades asociadas.

Investigación exhaustiva y múltiples diligencias

La juez ha solicitado a diversos organismos policiales y militares que proporcionen las alertas y análisis de riesgos emitidos en relación con estos eventos, detallando los destinatarios y el medio de comunicación utilizado. Estas medidas buscan obtener una visión completa de las acciones y reacciones de las fuerzas de seguridad durante esos días. Además, se ha programado la declaración de Vivas para el 30 de septiembre y la del exjefe de Gabinete para el 1 de octubre, coincidiendo con la declaración del jefe de la Policía Local de Ceuta.

La magistrada también ha ordenado a la Comisaría General de Información y a la Unidad Central de Inteligencia Criminal que realicen un análisis biométrico y reconocimiento facial de las personas identificadas en las fichas de agentes dinamizadores. Esta medida es parte de un esfuerzo más amplio para identificar a los participantes y organizadores de la entrada masiva.

Revisión de imágenes y datos digitales

La juez ha solicitado a las direcciones de Policía y Guardia Civil que elaboren un informe detallado sobre la identidad y funciones de los efectivos uniformados presentes en las imágenes y grabaciones de la zona de Fnideq-Castillejos durante los días 29, 30 y 31 de julio de 2026. Además, se ha requerido al EMAD que aporte imágenes satelitales de la zona en cuestión entre el 20 de julio y el 7 de agosto de 2026.

Se ha abierto una pieza separada de investigación tecnológica, de carácter secreto, para la cual se ha solicitado la asistencia judicial de plataformas digitales como Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Google y Apple. La magistrada espera que estas compañías conserven y remitan datos de registro de cuentas utilizadas para la difusión de la convocatoria.

Análisis financiero y patrimonial

La resolución judicial también incluye un requerimiento a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF-Central) y a la Unidad Central Operativa-UCO de la Guardia Civil para que realicen un informe financiero y patrimonial sobre la posible financiación de la movilización investigada. Este informe deberá analizar movimientos económicos relevantes y cualquier operación relacionada con la logística de la movilización masiva.

La juez ha indicado que, una vez se aporten al órgano judicial todas las grabaciones, imágenes aéreas, vídeos operativos y material audiovisual obtenido entre los días 20 de julio y 7 de agosto de 2026, se procederá a la elaboración de un informe pericial audiovisual único. Este informe permitirá reconstruir cronológicamente los acontecimientos, identificar a los participantes y determinar los movimientos e itinerarios seguidos durante la ejecución de los hechos.

La investigación continúa avanzando con la intención de esclarecer todos los aspectos relacionados con la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, y se espera que las diligencias en curso aporten información clave para el desarrollo del caso.

La Academia de Cine eligió este miércoles La bola negra, dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo, como representante española en la 99 edición de los premios de la Academia de Hollywood. El cineasta Alejandro Amenábar, ganador del Oscar a Mejor Película Extranjera por Mar adentro, acompañado por el presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite, y la notario Eva Fernández Medina, anunció la decisión de los académicos en un acto celebrado en la sede de la institución.

El segundo largometraje de Ambrossi y Calvo se estrenó en la Sección Oficial a Competición del pasado Festival de Cannes, donde obtuvo el premio a la Mejor Dirección. La película está protagonizada por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes y Lola Dueñas, y cuenta con las colaboraciones especiales de Penélope Cruz y Glenn Close.

La candidata española deberá esperar hasta el 15 de diciembre de 2026, fecha en la que se desvelará la shortlist de los Oscar, para conocer si continúa su carrera hacia la estatuilla a la Mejor Película Internacional. El 21 de enero de 2027 se conocerán las cinco películas nominadas en esta categoría, y la ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar el 14 de marzo de 2027 en Los Ángeles.

Tras conocerse la noticia, el equipo de La bola negra compartió su alegría con los medios de comunicación. Desde el Festival de Toronto, donde acababan de presentar la película, intervinieron los directores, Javier Ambrossi y Javier Calvo, junto a los actores Carlos González y Milo Quifes. "Estar representado a nuestro país es un sueño", afirmaron los cineastas, que destacaron cómo la historia conecta tanto dentro como fuera de las fronteras españolas. "Es universal. Es impresionante cómo la hacen suya. La película está completamente en español y gente que no habla ni una palabra del idioma se queda; hay una conexión muy especial", relataron.

Ambrossi y Calvo afrontan ahora un largo camino de promoción de cara a los Oscar. "Vamos a vivir con una maleta durante muchos meses. Somos conscientes de ello y nos han avisado de que va a ser muy duro", reconocieron. "Con el apoyo de mi país quiero trabajar para que sea una realidad; hasta ahora no me lo había permitido pensar", confesó Ambrossi.

Por su parte, los productores Jorge Pezzi (Suma Content) y María Rubín (Movistar+), presentes en el acto de la Academia, subrayaron el intenso trabajo que afrontan, con Netflix como aliado en la distribución internacional. "Desde la plataforma nos han dicho que La bola negra, aunque mira al pasado, representa el futuro", explicaron los productores, para quienes las actuales previsiones de nominaciones suponen "posibilidades de que se viera reconocido el trabajo de todo el equipo".

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, como instructor de la causa del procés, ha desestimado la petición del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont de aplicación de la Ley de Amnistía a los hechos calificados provisionalmente como delito de malversación, como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 16 de julio. Al no prosperar dicha solicitud, el juez también rechaza alzar la orden nacional de detención contra él.

El magistrado desestima igualmente peticiones similares formuladas por el exconseller Antoni Comín. En su auto, recuerda que, tras la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, dictó ya una resolución el 1 de julio de 2024 denegando su aplicación al delito de malversación, al considerar que quedaba excluido de la misma por dos razones: la apreciación de un propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial y la consideración de que los hechos afectaban a los intereses financieros de la Unión Europea.

En el auto dictado ahora, Llarena destaca que la sentencia del TJUE impide mantener la segunda de esas razones, ya que el tribunal europeo ha descartado que exista una afectación de los intereses financieros de la UE derivada de la secesión de una parte del territorio nacional. Sin embargo, subraya que dicha sentencia no modifica el fundamento autónomo constitutivo de la primera razón esgrimida para excluir la aplicación de la amnistía, relativo al propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial.

El auto precisa que la desestimación de la nueva solicitud de amnistía de ambos procesados no se funda en que la interpretación europea carezca de relevancia, sino en que su efecto no alcanza al otro motivo que sustentaba su denegación.

Asimismo, el magistrado subraya que las sentencias dictadas hasta la fecha por el Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía no han resuelto la aplicación individual que se discute en esta causa. Así, indica el auto, no han dejado sin efecto la interpretación del beneficio personal realizada en el procedimiento, aunque tampoco constituyan una validación específica de dicha interpretación, sin que quepa anticipar el resultado de los recursos de amparo todavía pendientes.

El juez rechaza además las peticiones de inhibición en favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o de los juzgados de Barcelona, así como la solicitud de archivo de la causa por una supuesta vulneración del principio 'non bis in idem' —doble persecución punitiva de unos mismos hechos— derivada de la existencia de un procedimiento contable ante el Tribunal de Cuentas.

En cuanto a la petición de levantar la orden nacional de detención contra ambos procesados, el magistrado explica que esta se formulaba como consecuencia del archivo de la causa, de la alegada doble persecución o de la aplicación de la amnistía, de modo que, al no prosperar ninguna de esas solicitudes, tampoco procede el alzamiento de la medida cautelar por tales motivos.

El auto añade, no obstante, que "no declara irrevisables las medidas ni convierte la falta de amnistía en una justificación suficiente de cualquier restricción cautelar. Se limita a rechazar el levantamiento por las razones ahora formuladas, sin excluir el examen que proceda ante otras circunstancias concretas".

La Guardia Civil ha detenido a 29 personas e investiga a otras 57 en varias provincias del país como presuntas autoras de la comisión de 43 delitos de estafa, blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal. Todas ellas formaban parte de una red de ciberestafadores que operaba mediante un call center desde el que se hacía pasar por entidades bancarias para hacerse con las cuentas de sus víctimas.

La operación, bautizada como Ibermellow, comenzó el año pasado tras numerosas denuncias presentadas en Huesca con un mismo patrón, correspondiente a lo que se conoce como "smishing" y "vishing". Este tipo de ciberataque consiste, en una primera fase, en el envío de un SMS falso a la víctima haciéndose pasar por su banco, en el que se le alerta de un cargo de alto importe en su cuenta y se le facilita un número de teléfono para, supuestamente, paralizar la transacción. En una segunda fase, la víctima recibe una llamada de los propios delincuentes, que se hacen pasar por un gestor de la entidad bancaria y, mediante técnicas de ingeniería social y el uso de datos personales previamente obtenidos, consiguen que realice transferencias o contrate préstamos personales cuyo dinero termina desviado a otras cuentas.

Con este modus operandi, los delincuentes lograron estafar más de un millón de euros a un total de 43 víctimas, residentes en las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel.

Los análisis técnicos realizados a partir de la documentación aportada en las denuncias permitieron comprobar cómo el dinero desviado se movía por distintas cuentas bancarias para dificultar el seguimiento policial, siendo finalmente retirado en cajeros de Barcelona, Madrid y Murcia. Esta labor de trazabilidad bancaria permitió identificar a un amplio grupo de personas que actuaban como mulas económicas, es decir, individuos que prestan su cuenta bancaria, billetera virtual o datos personales para mover dinero de origen ilícito a cambio de una comisión, así como a los captadores de esas mulas y a los extractores del dinero estafado.

La primera fase del operativo se desarrolló en marzo, con entradas y registros en Badalona y Terrassa (Barcelona), Carabanchel (Madrid) y Cartagena (Murcia), que permitieron desarticular el call center —con capacidad para enviar más de 100.000 SMS falsos a la hora— y detener a cinco miembros de la cúpula de la organización. En esta fase se intervinieron 57.520 euros en efectivo, numerosos artículos de lujo, 365 tarjetas SIM, 176 tarjetas bancarias, 95 máquinas de envío masivo de SMS, 70 teléfonos móviles y diversa documentación empleada en la comisión de los delitos.

La segunda fase ha permitido desarticular por completo el sistema de blanqueo de capitales que la organización tenía distribuido por gran parte del territorio nacional, con la detención e investigación de mulas económicas, captadores y extractores de dinero, además de la recuperación de 256.708 euros de distintas cuentas bancarias controladas por los ciberestafadores.

El operativo ha sido desarrollado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Equipo Arroba de Huesca, con la colaboración de las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC) de las Comandancias de la Guardia Civil de Madrid y Murcia y el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de las Zonas de la Guardia Civil de Barcelona y Valencia. En total, la operación se ha saldado con la detención de 29 personas y la investigación de otras 57, con registros y actuaciones en provincias como A Coruña, Álava, Alicante, Ávila, Badajoz, Barcelona, Cantabria, Cádiz, Córdoba, Gerona, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valladolid, Valencia y Zaragoza.

Las diligencias han sido entregadas en los juzgados competentes de los partidos judiciales de Jaca (Huesca), Caspe, Daroca, La Almunia, Tarazona y Zaragoza (Zaragoza), y Alcañiz, Calamocha y Teruel (Teruel).

Consejos para evitar este tipo de estafas

Ante el smishing, la Guardia Civil recomienda no hacer clic en enlaces de SMS que alerten sobre supuestos movimientos bancarios, no instalar aplicaciones a petición de estos mensajes y, en caso de duda, verificar el aviso a través de la app oficial del banco, su teléfono legítimo o acudiendo presencialmente a una oficina, sin responder nunca al SMS recibido.

Frente al vishing, aconseja colgar ante llamadas que generen presión o urgencia, no facilitar nunca contraseñas, códigos PIN o claves completas por teléfono —algo que ninguna entidad bancaria solicita— y contrastar siempre la llamada contactando con el banco a través de un teléfono oficial conocido o de forma presencial, nunca devolviendo la llamada al número desde el que se ha recibido el contacto.

En caso de haber sido víctima de este tipo de fraude, la Guardia Civil recomienda formular denuncia en el acuartelamiento más cercano o a través de su Sede Electrónica, así como informarse a través del teléfono de la Central 062.

La Junta Electoral Central ha acordado dar cumplimiento a los autos dictados la semana pasada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (sección cuarta) del Tribunal Supremo, que resuelven la pieza de medidas cautelares abierta en los recursos 1013/2026 y 1015/2026. Ambos recursos fueron interpuestos por los partidos políticos Iustitia Europa y Vox contra el Acuerdo 204/2026, de 16 de julio, de la propia Junta Electoral Central.

Según recoge el documento, la Junta recibió el 10 de septiembre la notificación de los autos del alto tribunal, en los que se estima la medida cautelar solicitada por la representación de ambas formaciones políticas, en los términos establecidos en su parte dispositiva.

En ejecución de lo dispuesto por el Tribunal Supremo, la Junta Electoral Central ha acordado, en primer lugar, trasladar los autos a la Oficina del Censo Electoral para el cumplimiento de los apartados (i) y (ii) de su parte dispositiva.

En segundo lugar, la Junta ha requerido a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares que ordene a los encargados de los registros consulares expedir la correspondiente certificación acreditativa en aquellos casos de personas que, habiendo obtenido la nacionalidad española mediante el ejercicio del derecho de opción previsto en la Disposición Adicional 8.1 de la Ley 20/2022, hayan demostrado su condición de nacidas fuera de España, hijas o nietas de personas que originariamente fueron españolas y que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual, perdiendo o renunciando a la nacionalidad española sin que se les hubiera aplicado la presunción establecida en la Directriz Séptima, IV.3.5.d) de la Instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

En tercer lugar, la Junta ha ordenado a la Oficina del Censo Electoral que, respecto de las personas mencionadas en los apartados (i) y (ii) de la parte dispositiva de los autos, proceda al desglose ordenado en el apartado (iv) de la resolución judicial.

Por último, el acuerdo señala que, una vez reciba el informe complementario de la Oficina del Censo Electoral, así como la propuesta de Instrucción dirigida por dicha oficina a las Oficinas Consulares —ambos requeridos por el Acuerdo 204/2026, de 16 de julio—, la Junta Electoral Central procederá a su examen de manera inmediata para la adopción del correspondiente acuerdo.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha rechazado el recurso de la encargada de un club de alterne condenada a seis años y cuatro meses de prisión por un delito de trata de seres humanos en concurso con otro relativo a la prostitución, y por un delito de favorecimiento o facilitación del tráfico ilegal de personas y de la inmigración clandestina. Además de la privación de libertad, la sentencia contemplaba seis años de libertad vigilada posterior y la responsabilidad civil de indemnizar a la víctima con 6.000 euros, extremos que el Tribunal Superior ha ratificado.

Conocida como 'Magdalena', la condenada gestionaba un club en la provincia de Zaragoza con la ayuda de su pareja, quien resultó absuelto de todos los cargos. Para mantener la actividad propia del negocio, contactaba con mujeres extranjeras, en su mayoría latinoamericanas, a las que proporcionaba los billetes de avión para facilitar su traslado a España, donde trabajarían en el club y le permitirían obtener beneficios económicos derivados de la prostitución que ejercían en el local, así como de las consumiciones de los clientes, de las que se quedaba con el 50% de su precio.

En este contexto, tras contactar con la víctima en Paraguay para ofrecerle un trabajo de camarera, en julio de 2022 la trajo a España y la llevó al club, donde le comunicó que debería ejercer la prostitución para compensar una deuda de 2.000 euros contraída con ella. La víctima permaneció tres días en el local hasta que fue ayudada a salir.

El tribunal ha rechazado aplicar la atenuante por dilaciones indebidas solicitada por los recurrentes, en base a dos argumentos principales. Por un lado, señala que los retrasos ocurridos en las medidas cautelares recayeron sobre una persona finalmente absuelta, sin que se haya demostrado que afectaran al procedimiento principal seguido contra la coacusada condenada. Por otro, advierte de que no es válido juzgar si el plazo del proceso fue excesivo utilizando el resultado final del juicio como referencia, ya que hacerlo implicaría, según los magistrados, un "sesgo retrospectivo", al valorar la duración que debió tener el procedimiento con información que solo se conoce una vez concluido este.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes, en una entrevista concedida a El Intermedio, que en ningún momento se produjo una actitud pasiva por parte de Marruecos durante la crisis migratoria vivida en Ceuta el pasado 30 y 31 de julio, cuando cientos de personas migrantes accedieron a nado a las playas de la ciudad autónoma.

Sánchez ha pedido paciencia y ha situado a finales de año el plazo que se ha marcado el Ejecutivo para resolver la situación. Preguntado sobre si su Gobierno ha gestionado mal la crisis, ha evitado hacer una valoración tajante, limitándose a reconocer que se trata de una crisis humanitaria que requiere tiempo para alojar, clasificar e identificar a los migrantes antes de determinar si pueden acogerse al asilo o deben ser devueltos a sus países de origen.

El presidente ha negado de forma tajante que Marruecos esté ejerciendo algún tipo de chantaje sobre España ni que su Gobierno esté ocultando información al respecto. "Estos bulos que se están propagando, a lo mejor para una serie de Netflix, pues está bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos", ha declarado, insistiendo en que no existe información que acredite la autoría marroquí de lo ocurrido, aunque no ha descartado una "respuesta contundente" si llegara a probarse.

Sobre los avisos previos del CNI acerca de una posible llegada masiva de migrantes, Sánchez ha reconocido que hubo información, pero ha insistido en que no se anticipó la magnitud real de lo que finalmente sucedió. Según su relato, en los días previos ya se había detectado un repunte en las llegadas, aunque muy inferior al registrado durante las diez horas de la crisis, en las que, ha defendido, las autoridades marroquíes alertaron de la situación en lugar de mostrar pasividad.

El presidente ha apostado por reforzar la cooperación con Marruecos, especialmente en el ámbito europeo, como vía para contener los flujos migratorios y combatir a las mafias que los facilitan. Asimismo, ha anunciado que el Gobierno ha aprobado un plan extraordinario dotado con más de 300 millones de euros, de los que más de 80 millones se destinarán antes de que termine el año a paliar el impacto económico sufrido por Ceuta.

Una mujer de 42 años ha sido detenida en Bilbao tras intentar llevarse a un menor de edad en el barrio de Miribilla el pasado domingo. El suceso, que pudo haber terminado en tragedia, fue evitado gracias a la rápida intervención de testigos que observaron la actuación sospechosa y alertaron a los padres del niño.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:15 horas en el exterior de un restaurante del barrio bilbaíno. Según el relato de La Ertzaintza, la mujer se acercó a un menor que jugaba con amigos en la zona, se hizo pasar por una familiar e intentó agarrarlo del brazo para llevárselo.

La reacción rápida de testigos evita lo peor

Unos amigos de los progenitores que presenciaron la escena no dudaron en actuar. Al observar el nerviosismo del pequeño y comprobar que desconocía completamente a la mujer, informaron de inmediato a sus padres. Entre todos consiguieron retener a la sospechosa en el lugar hasta que los agentes de la Ertzaintza llegaron al sitio.

Durante la intervención de los ertzainas, la investigada mostró signos de nerviosismo extremo e intentó agredir a uno de los agentes, lo que derivó en una segunda acusación: la de atentado a la autoridad.

Sin antecedentes previos

Las investigaciones llevadas a cabo por la Ertzain-etxea de Bilbao revelaron que la detenida, de origen sudamericano y residente habitual en Miribilla, actuó en solitario y por iniciativa propia. Pese a haber sido puesta a disposición judicial esta mañana, carecía de antecedentes penales con La Ertzaintza.

Ambas imputaciones —intento de secuestro de menor e intento de agresión a agentes de la autoridad— han quedado abiertas a investigación.

Una estudiante española de 21 años, Claudia Tacoronte Aguilera, ha sido asesinada en México, según ha confirmado este lunes la Universidad de Granada (UGR), institución en la que estaba matriculada. La joven se encontraba realizando una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) cuando fue asesinada en el municipio de Cuautla.

La UGR ha manifestado su "más firme repulsa y absoluta condena" ante el crimen a través de un comunicado, en el que ha trasladado sus condolencias, solidaridad y afecto a la familia, personas allegadas, compañeros y compañeras de la víctima. La institución ha señalado además la "necesidad imperativa de erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres".

El equipo de Gobierno de la universidad se ha puesto a disposición de las autoridades consulares de España en México y de la familia de la joven para prestarles el apoyo necesario.

Con motivo del asesinato, la Universidad de Granada ha convocado un minuto de silencio en memoria de Claudia este lunes, 14 de septiembre, a las 11.00 horas, en la puerta de todos sus centros de trabajo.

Varios encapuchados han derribado y golpeado con mazas hasta decapitar una figura de grandes dimensiones que representaba al rey Felipe VI durante una movilización convocada este domingo por Ernai en San Sebastián.

La marcha, que ha reunido a miles de personas, ha partido del Boulevard donostiarra bajo el lema «Euskal Herria irabaztera. Faxismoari ez» —«A ganar Euskal Herria. No al fascismo»—, en el marco de una campaña contra el auge de la extrema derecha.

Durante el recorrido también se han encendido bengalas de humo rojo y se han quemado banderas de España y Francia. La protesta ha coincidido con la celebración de la última jornada de las regatas de la Bandera de La Concha, que ha congregado a miles de personas en la capital guipuzcoana.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este viernes en La Moncloa a representantes de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), en un encuentro en el que ha reiterado el compromiso del Ejecutivo para convertir la educación de 0 a 3 años en una etapa "universal, pública y gratuita" para todas las familias españolas.

La reunión, a la que también ha asistido la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha servido para que los representantes del colectivo expusieran sus principales reivindicaciones, centradas en mejoras laborales, una mayor financiación educativa y el desarrollo de una red de centros públicos.

El papel transformador de la educación infantil

Sánchez ha subrayado ante los representantes de la PLEI "el importante papel que desempeña la educación infantil como motor de igualdad de oportunidades", enfatizando la necesidad de situar la calidad de estos centros más allá de su función como herramienta de conciliación familiar.

"El Gobierno está comprometido en seguir trabajando para que la educación de 0 a 3 años sea universal, pública y gratuita para todas las familias, independientemente de su renta y del lugar donde residan", ha asegurado el presidente durante el encuentro.

Inversión y resultados

Para respaldar su compromiso, Sánchez ha citado las inversiones realizadas por el Ejecutivo en esta etapa educativa. Según ha destacado, el Gobierno ha destinado 670 millones de euros al refuerzo del primer ciclo de Educación Infantil y ha logrado crear más de 45.000 nuevas plazas públicas y gratuitas.

Estos datos han permitido elevar la escolarización temprana hasta el 56%, una cifra que refleja el avance en la cobertura de esta franja educativa en los últimos años.

Reforma normativa en marcha

El Ministerio de Educación trabaja actualmente en la actualización de la normativa que regula estos centros, con mejoras que no se limitan únicamente a las ratios estudiante-profesorado, sino que también abarcan la modernización de los espacios educativos.

Llamada a las comunidades autónomas

El presidente ha hecho un llamamiento expreso a las Comunidades Autónomas para que "ejerczan plenamente las competencias que tienen atribuidas en materia educativa" y ejecuten todos los recursos que el Estado transfiere para esta finalidad.

"Para mejorar el reconocimiento, la calidad y la extensión de esta etapa educativa también es necesario el compromiso del resto de administraciones", ha subrayado Sánchez, implicando a los gobiernos regionales en el proyecto de universalización de la educación infantil.

El hasta ahora jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, ha pedido este virrnes que se tramitara su renuncia al cargo con efectos inmediatos.

Según informa RTV Ceuta, Sanz justificó su decisión "por razones personales y familiares y por la evidente incompatibilidad entre mi afirmación de que la información de mensajería escrita que se transmitió por el CNI el día 29 de julio fue transmitida por mi persona al propio delegado ese mismo día y las distintas declaraciones del delegado en distintos medios en las que afirma no haber recibido información por mi parte".

La dimisión llega un día después de que el delegado del Gobierno, Pérez Triano, asegurara, tras la desclasificación de documentos, que el 29 de julio no tuvo conocimiento del intercambio de mensajes de WhatsApp entre el CNI y su Gabinete, y que tampoco conocía el contenido de la conversación telefónica que ambas partes mantuvieron a última hora de la tarde de ese mismo día, con una duración de 11 minutos.

Según recoge RTV Ceuta, Sanz ha querido dejar claro por escrito que toma esta decisión "sin la más mínima acritud hacia el delegado", y ha remarcado que sabe que "desde la Delegación del Gobierno se ha trabajado de forma denodada para lograr acciones por parte del Ejecutivo central desde el primer minuto", consciente de que existen informes que demuestran la labor de aviso y alerta que se realizó desde la Delegación del Gobierno hacia los distintos ministerios. Sanz ha cerrado su mensaje con la esperanza de que Ceuta "recupere cuanto antes la normalidad que tanto necesitamos".

El Gobierno de Marruecos ha rechazado este jueves cualquier responsabilidad en la crisis migratoria de Ceuta y ha acusado a determinados sectores políticos y mediáticos españoles de utilizar al Reino como “chivo expiatorio” para dirimir sus disputas internas.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, Rabat ha defendido la relación bilateral con España y ha asegurado que ambos países han construido desde abril de 2022 una nueva etapa basada en “el respeto y la confianza mutuos, el diálogo permanente y la ambición de construir una asociación beneficiosa para ambas partes”.

El Ejecutivo marroquí ha reivindicado asimismo los resultados alcanzados en materia económica y de seguridad. En este último ámbito, ha destacado la cooperación contra las redes terroristas y criminales y ha asegurado que la colaboración entre ambos países ha permitido salvar vidas y desmantelar organizaciones, “en muchos casos a costa de pérdidas humanas y materiales sufridas por las fuerzas marroquíes”.

Reclama el regreso de migrantes y menores

Respecto a los acontecimientos ocurridos el pasado julio en la frontera de Ceuta, Marruecos ha señalado que requieren “un análisis profundo” para esclarecer sus circunstancias, identificar a los implicados y evitar que vuelvan a repetirse. No obstante, el Ministerio ha cuestionado que se sigan formulando acusaciones contra las autoridades marroquíes pese a la, según sostiene, ausencia de datos o informes que demuestren su implicación.

El comunicado también plantea no entender por qué no han sido repatriadas las personas migrantes en situación irregular, después de que Marruecos se comprometiera oficialmente a recibirlas de nuevo. Rabat reclama igualmente el regreso de los menores no acompañados a sus familias y afirma que ha solicitado de forma insistente su traslado.

“La respuesta a estas preguntas no debe buscarse en Marruecos, sino entre los actores españoles implicados”, sostiene el Ministerio.

Críticas a partidos e instituciones españolas

El Gobierno marroquí lamenta que algunos partidos y medios de comunicación españoles sigan utilizando al país para sus “agendas internas”. En particular, critica que formaciones políticas con experiencia de gobierno recurran, a su juicio, a “maniobras demagógicas” y al “populismo irracional”.

Rabat extiende sus críticas a instituciones legislativas y judiciales españolas, a las que acusa de impulsar iniciativas que alimentan la controversia bilateral. Estas actuaciones, afirma, sustituyen “la prudencia por el menosprecio” y “el análisis objetivo por la acusación”.

Marruecos concluye que no acepta convertirse en “un activo electoral” antes de las elecciones ni ser utilizado como “chivo expiatorio” en conflictos políticos internos.

El Ministerio defiende, no obstante, que la vecindad geográfica entre ambos países es un hecho permanente y reclama que los responsables políticos la conviertan en una herramienta de cooperación. De lo contrario, advierte, este vínculo podría transformarse en una fuente de desconfianza y de tensiones recurrentes.

El Tribunal Supremo ha ordenado suspender cautelarmente las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de las personas que han adquirido la nacionalidad española al amparo de la Disposición Adicional 8ª de la Ley de Memoria Democrática, conocida como la «Ley de Nietos».

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección cuarta, ha adoptado esta decisión en sendos autos dictados este 10 de septiembre de 2026, cuyo fallo fue adelantado hace unos días, después de estimar las medidas cautelares solicitadas por IUSTITIA EUROPA y VOX, que habían recurrido acuerdos de la Junta Electoral Central (JEC) al considerar que la aplicación del procedimiento de nacionalización se había realizado de forma irregular.

El Supremo establece que las nuevas inscripciones en el CERA deberán quedar suspendidas una vez finalizado el expediente de nacionalización y hasta que se dicte sentencia sobre el fondo del asunto. Asimismo, suspende los efectos electorales de quienes ya estén inscritos en el CERA, de modo que no puedan ejercer el derecho de voto en futuras elecciones mientras se resuelve el procedimiento.

La resolución contempla una excepción para aquellos casos en los que esté debidamente acreditado que el antepasado español fue exiliado por razones políticas, ideológicas o de creencia, sin aplicar la interpretación flexible recogida en la Instrucción de 2022.

Además, el Tribunal reclama que los expedientes sean desglosados entre aquellos que cumplen estrictamente los requisitos establecidos en la ley y los que se acogieron a la interpretación realizada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en octubre de 2022.

La decisión establece también plazos urgentes para la tramitación de esta cuestión. La Oficina del Censo Electoral deberá remitir un informe complementario en un plazo de 15 días y la Junta Electoral Central tendrá diez días para aprobar una nueva instrucción.

El Supremo aprecia un riesgo para la integridad electoral

Entre los argumentos utilizados para justificar las medidas cautelares, el Tribunal Supremo destaca el incremento registrado en el CERA desde las elecciones generales de 2023 hasta julio de 2026. En ese periodo, el censo de residentes ausentes aumentó en 408.262 electores.

El crecimiento también se ha reflejado en grandes ciudades. Madrid incorporó 115.572 nuevos electores y Barcelona, 43.439. El Supremo considera especialmente relevante que este incremento continúe produciéndose de manera mensual.

A juicio del Tribunal, existe un «peligro fundado, real y serio» de que esta situación pueda afectar a la «objetividad y transparencia del proceso electoral». La Sala aprecia además una «controversia jurídica seria» sobre la interpretación que se ha realizado de la normativa.

Por este motivo, considera justificado adoptar una medida provisional que permita mantener en suspenso las inscripciones mientras se resuelve el fondo del litigio.

Un voto particular cuestiona la suspensión

La resolución cuenta, no obstante, con un voto particular discrepante de al menos uno de los magistrados, que se opone a las medidas cautelares adoptadas.

Este magistrado considera que la Junta Electoral Central no tiene competencia para revisar la legalidad de las nacionalizaciones, una cuestión que corresponde a los órganos competentes en materia de nacionalidad. También sostiene que el acuerdo de la JEC recurrido no modifica por sí mismo el censo electoral, sino que se limita a solicitar información.

El voto particular advierte además de que la suspensión puede privar del derecho de sufragio a ciudadanos que han obtenido legalmente la nacionalidad española. A su juicio, la ponderación de intereses realizada por la mayoría no tiene suficientemente en cuenta el derecho de estos ciudadanos a ejercer sus derechos políticos mientras su nacionalidad continúe siendo válida.

También considera que no existe una «apariencia de buen derecho» suficiente para justificar la medida cautelar, ya que la propia existencia de votos particulares en la Junta Electoral Central demostraría que existe una controversia jurídica legítima y no una cuestión con una solución evidente.

Una cuestión pendiente de sentencia

Los recursos presentados por IUSTITIA EUROPA y VOX cuestionan la aplicación de la Disposición Adicional 8ª de la Ley de Memoria Democrática, que abrió una vía para que determinados descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura pudieran acceder a la nacionalidad española.

El Supremo deberá resolver ahora el fondo de los procedimientos y determinar si la aplicación de esta disposición y la interpretación realizada en 2022 se ajustaron a la legalidad.

Hasta entonces, las nuevas inscripciones afectadas quedarán suspendidas y también se mantienen suspendidos los efectos electorales de quienes ya figuren inscritos en el CERA en los términos establecidos por los autos. La medida tiene potencialmente alcance sobre decenas de miles de ciudadanos residentes en el extranjero.

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha reivindicado este miércoles que "la independencia judicial no constituye una excepción al principio democrático, sino una de sus garantías", en un discurso pronunciado en el acto de apertura del Año Judicial 2026-2027, presidido por el rey en el Salón de Plenos del alto tribunal.

Perelló ha defendido que la democracia constitucional "no se agota en la regla de la mayoría", sino que se asienta también en el reconocimiento de derechos cuya efectividad no puede depender de la posición política, social o económica de quien los invoca, de modo que los tribunales han de resolver conforme a lo que dispone el Derecho, "sin presiones directas ni indirectas". "Solo juzga conforme a la ley quien no está sometido a nada más; precisamente por ello el Estado de Derecho requiere de un Poder Judicial independiente", ha afirmado.

"La crítica fundada siempre será bienvenida"

La presidenta del TS y del CGPJ ha reconocido que los jueces pueden incurrir en errores en la aplicación del Derecho, una posibilidad que, según ha señalado, asume el propio ordenamiento a través de un sistema garantista de recursos para revisar y, en su caso, corregir las actuaciones judiciales. Ha subrayado igualmente que las decisiones judiciales no están sustraídas al debate público: "La crítica fundada contribuye a mejorar nuestra Justicia y, por eso, siempre será bienvenida, por severa que pueda ser".

No obstante, ha advertido de que "la discusión jurídica sobre las razones de una resolución no puede ser sustituida por la atribución al juez de propósitos políticos o ideológicos a partir de la mera discrepancia con lo resuelto", ya que ello desconoce la naturaleza de la función que la Constitución encomienda en exclusiva a jueces y magistrados. "Cuando la crítica a una resolución se transforma en una descalificación personal de quien la dicta, el daño no se limita al juez ni al asunto concreto: se proyecta sobre la función jurisdiccional y debilita la confianza de los ciudadanos en la Justicia", ha señalado, para añadir que la gravedad es mayor "si esas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales".

Perelló ha sostenido que la deslegitimación sistemática de los jueces y tribunales "erosiona" el Estado de Derecho, y ha recordado que la lealtad institucional exige que los poderes del Estado respeten la función que la Constitución asigna al Poder Judicial como "un verdadero contrapeso de los demás poderes del Estado, según la teoría constitucional de los balances". Al mismo tiempo, ha reconocido que la función judicial exige también de quienes la desempeñan "mesura en el ejercicio de sus atribuciones" y prudencia en sus intervenciones públicas.

Búsqueda de consensos en el Consejo

La presidenta del CGPJ ha repasado la labor desarrollada por el órgano de gobierno de los jueces durante el último año, entre ellas la culminación de la normalización de la situación en la que se encontraba la Justicia, con un total de 198 nombramientos de cargos gubernativos y de magistrados y magistradas del Tribunal Supremo, con un 40% de mujeres designadas; el cumplimiento en plazo del informe sobre el nombramiento de los vocales de procedencia judicial establecido en la Ley Orgánica 3/2024; el dictado de una Instrucción sobre Inteligencia Artificial; la actualización de los reglamentos de la Carrera Judicial; y la aprobación de una guía práctica para la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el proceso penal.

"Todos estos logros se han conseguido partiendo de la pluralidad del Consejo, que comporta la existencia de posiciones distintas sobre muchas cuestiones pendientes", ha señalado Perelló, quien ha reiterado su compromiso de trabajar por alcanzar "los más amplios consensos", ejerciendo un papel imparcial y neutral, con el objetivo de que las decisiones del órgano estén al servicio de la Justicia y del interés general, "y nunca al servicio de otros intereses".

Un importante déficit de jueces pese al impulso de nuevas plazas

En cuanto a la situación de la Justicia, Perelló ha advertido de que el sistema judicial "no tiene capacidad para absorber todo el trabajo que entra", lo que ha supuesto en el último año un incremento de los asuntos pendientes, y ha insistido en que la duración de los procesos judiciales sigue siendo, como regla general, "excesiva": "Una vez más hay que afirmar que una justicia tardía no es una verdadera justicia ni es una justicia eficaz".

La presidenta se ha detenido especialmente en la situación de la Sala Primera del Tribunal Supremo, que calificó de "especialmente preocupante" por la acumulación de asuntos que compromete sus tiempos de respuesta, y ha señalado como "inadmisible" el incumplimiento, desde hace más de diez años, del mandato legal para que el Gobierno remitiera a las Cortes un proyecto de ley de Estatuto del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Sobre los tribunales de instancia, ha reconocido que la transformación de los juzgados unipersonales está generando dificultades que es necesario atajar, como la falta de adaptación de instalaciones y sistemas informáticos, la reducción de personal o la pérdida de contacto del juez con la Oficina Judicial.

Pese a destacar la creación de 500 unidades judiciales que entrarán en funcionamiento en 2027 y la convocatoria de 500 plazas de acceso a la Carrera Judicial, Perelló ha advertido de que "sigue habiendo un importante déficit de jueces", recordando que la tasa de jueces por habitante en España está por debajo de la media europea, y que el CGPJ estima necesario convocar 367 plazas cada año durante los próximos diez años para cubrir las vacantes previstas.

Referencia a Ceuta y reconocimiento a jueces en destinos con mayor carga

La presidenta del TS y del CGPJ ha manifestado además su preocupación por la persistencia de la violencia contra las mujeres, defendiendo que la especialización judicial y las medidas de protección exigen una actuación coordinada entre todas las instituciones competentes. Ha trasladado también un reconocimiento especial a los jueces y magistrados que sirven en destinos con mayores cargas y dificultades, así como a quienes han intervenido en sucesos como el accidente ferroviario de Adamuz o los incendios forestales de este verano, trasladando sus condolencias a las familias de los fallecidos.

En referencia a la crisis migratoria de Ceuta, Perelló ha recordado de manera especial a las personas fallecidas y ha afirmado que "los ciudadanos pueden confiar en el compromiso del Poder Judicial con el Estado y en que los jueces van a seguir trabajando, velando por los derechos de los afectados y por el cumplimiento de la ley". La presidenta ha concluido que la situación que atraviesa Ceuta "exige una respuesta que preserve la integridad de nuestras fronteras y el control ordenado de los accesos y que garantice, al mismo tiempo, la aplicación de las garantías previstas en nuestro ordenamiento".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles en Dallas (Texas) que entregará un “dividendo” de 5.000 dólares a cada ciudadano adulto estadounidense si el Partido Republicano logra mantener el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones legislativas de noviembre. La propuesta, bautizada por él mismo como “Trump dividend”, ha generado una oleada de reacciones en medios internacionales, que destacan su coste potencial —superior a un billón de dólares—, la ausencia de detalles sobre su financiación y las dudas sobre su viabilidad legal y presupuestaria.

Trump hizo el anuncio durante su discurso en la convención de medio mandato del Partido Republicano, un evento de dos días en Dallas diseñado para movilizar a la base republicana ante unas encuestas desfavorables y un creciente descontento por los precios y la guerra con Irán. En su intervención, el mandatario pidió a los asistentes que lo consideraran “como si estuviera en la papeleta” y vinculó directamente el resultado de las legislativas con el pago: “Si los republicanos ganan la Cámara y el Senado de Estados Unidos, ambos… distribuiré un dividendo de 5.000 dólares a cada ciudadano adulto de Estados Unidos”.

El presidente añadió una condición: el dinero tendría que gastarse dentro de Estados Unidos, aunque no explicó cómo se haría cumplir esa restricción ni de dónde saldrían los fondos.

Coste estimado y dudas económicas

Según datos del censo estadounidense, hay alrededor de 240–270 millones de adultos en el país, lo que sitúa el coste total de la medida entre 1,2 y 1,35 billones de dólares. Varios medios subrayan que, salvo que se compensara con nuevos ingresos o recortes de gasto, la medida ampliaría aún más el déficit federal —cercano a 1,8 billones en el ejercicio 2025— y podría ejercer presiones inflacionistas adicionales.

El vicepresidente J.D. Vance intentó matizar la propuesta sugiriendo que los estadounidenses con mayores ingresos no tendrían derecho al pago y apuntó a los ingresos por aranceles —unos 154.500 millones en los primeros 10 meses del ejercicio 2026— como posible fuente de financiación, aunque las cifras no cuadran con el volumen total necesario.

Reacciones políticas y legales

La reacción demócrata fue inmediata: calificaron la promesa de “vacía” y advirtieron de que un presidente no puede ordenar pagos de este tipo sin autorización del Congreso. Diversos análisis en prensa internacional recuerdan que, según la ley federal estadounidense, ofrecer o realizar un pago para inducir a alguien a votar, abstenerse o votar a favor o en contra de un candidato es un delito, con penas que pueden llegar a dos años de cárcel en caso de violación intencionada.

Medios de comunicación internacionales coinciden en señalar que la medida requeriría aprobación legislativa y que su encaje jurídico es más que dudoso, además de plantear serios problemas de sostenibilidad fiscal.

Antecedentes de promesas similares

No es la primera vez que Trump lanza promesas de pagos directos en su segundo mandato. Ya había sugerido cheques de 2.000 dólares financiados con ingresos arancelarios y, anteriormente, un “dividendo DOGE” de 5.000 dólares vinculado a ahorros por recortes en la administración, ideas que nunca llegaron a materializarse.

El Gobierno ha desclasificado este martes la información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas que confirmaba que todos los servicios de seguridad detectaron y advirtieron de forma anticipada sobre los intentos de entrada masiva de extranjeros en Ceuta a nado durante los días 30 y 31 de julio.

Los informes constatan que los coordinadores utilizaron grupos de WhatsApp y otras plataformas de mensajería para organizar las convocatorias, aprovechando la celebración de la festividad del Trono en Marruecos.

Queda claro, de esta forma que existia abundante información por parte de los servicios secrertos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los días previos, pese a lo asegurado por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que siempre ha sostenido que no se había informado de la gravedad de la situación en las horas y días previos al asalto masivo a nado en Ceuta. 

Alertas previas del CNI

Según la nota informativa del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), fechada el 29 de julio, ya se había detectado información sobre un "riesgo potencial de entradas irregulares en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla" previsto para el 30 de julio. El informe identificaba perfiles especialmente activos, incluyendo un grupo de WhatsApp denominado "Asalto a la valla de Ceuta" con capacidad de coordinación que había planeado un intento de entrada para el jueves 30 de junio.

La información apuntaba a dos grupos coordinadores: uno en Facebook con más de mil seiscientos miembros, bajo el nombre "Ceuta Fnideq", con publicaciones que indicaban que "el que quiera cruzar tiene una última oportunidad en la fiesta del trono a las 8, las autoridades estarán distraídas con la celebración y los desfiles".

Paso a paso de la crisis

El informe de la Guardia Civil del 30 de julio, en tiempo real, documenta la escalada horaria: entre las 12.00 y las 13.30 horas se produjo un desbordamiento de la situación con llegadas tanto a nado como bordeando el espigón fronterizo. A las 13.45 horas se recibió comunicación de posibles fallecidos, previsiblemente ahogados.

El documento subraya la pasividad de las Fuerzas de Seguridad Marroquíes, que hasta ese momento habían mostrado colaboración adecuada. A las 15.30 horas, los datos cifraban entre 10.000 y posiblemente 30.000 entradas, con otras 6.000 personas aguardando en territorio marroquí (al final se cifran en unas 100.000 las personas que entraron). 

En sus conclusiones, la Guardia Civil señalaba que "la situación desborda los recursos ordinarios" y advierte que "sería adecuado contar con apoyo de las Fuerzas Armadas". El informe también alertaba de que todas las medidas propuestas eran "únicamente paliativas" y no eliminaban el problema de raíz mientras continuara la pasividad de las fuerzas marroquíes.

Como se recordaba, el Consejo de Ministros decidió en su sesión de este martes que iba a desclasificar los documentos, tras la polémica abierta entre los ministerios de Defensa e Interior sobre el alcance y conocimiento previo o existencia de informes.

En esta línea, la ministra de Inclusión, Seguridad Social, Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, remarcaba que la decisión de desclasificar obedece al "compromiso con la transparencia y con el derecho de la ciudadanía a conocer toda la información sobre una situación extraordinaria que ha exigido y sigue exigiendo una respuesta extraordinaria".