La empresa que gestiona el Palacio de Olite lamenta el resultado de la nueva licitación

Guiarte ha señalado que «revisado el expediente administrativo de la licitación, es triste comprobar cómo trabajan estas grandes empresas sus propuestas técnicas, que no son más que un copia-pega de otros proyectos»

La empresa navarra Guiarte, que gestiona la explotación turística del palacio de Olite, ha remitido un escrito al consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, a la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, y a la directora general de Turismo, Maitena Ezkutari, para expresar su queja por el resultado de la licitación del contrato de concesión para la explotación turística del palacio de Olite, la ciudad romana de Andelos, la villa romana de las Musas y el recinto amurallado de Rada.

Guiarte ha lamentado en un comunicado remitido a los medios que «la empresa adjudicataria ha resultado ser una empresa catalana cuya propuesta técnica superaba por sólo cuatro puntos la nota de corte y su propuesta económica superaba en un 420% el precio de canon de base fijado en pliegos».

Además, Guiarte ha señalado que, «revisado el expediente administrativo de la licitación, es triste comprobar cómo trabajan estas grandes empresas sus propuestas técnicas, que no son más que un copia-pega de otros proyectos».

En concreto, según ha afirmado la compañía navarra, la adjudicataria, en su propuesta técnica, habla de «vocación pedagógica hacia las nuevas generaciones de alicantinos», el «fomento del sector turístico alicantino» o «recogida de propuestas de mejora en relación con el Parque de las Ciencias». «¿Es esta la atención que van a prestar en su gestión a las necesidades de nuestro patrimonio y de sus profesionales?», ha planteado Guiarte.

En el escrito dirigido a los citados miembros del Gobierno, la empresa navarra traslada la situación y hace constar que todavía no se ha producido la firma de la adjudicación.

Guiarte, con 26 personas en plantilla, explica que el pliego regulador «no expresa la obligatoriedad de tener que subrogar al personal tal como contempla la ley foral 2/2018, de contratos públicos». «A este respecto, señalar que esta incertidumbre va a derivar en un potencial conflicto laboral», advierte en su escrito.

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