La empresa propietaria de la macrogranja de Caparroso demanda a varios colectivos por supuestas injurias y calumnias

Protesta de Greenpeace en la macrogranja de Caparroso en el Día Mundial del Agua

La empresa considera que han difundido información que podría dañar su reputación, por un informe que las organizaciones entregaron en el Parlamento de Navarra y que contiene en su casi totalidad documentos oficiales públicos. La empresa acumula 19 expedientes sancionadores

15 colectivos y personas pertenecientes a diversas asociaciones navarras han sido citadas a un acto de conciliación el 30 de marzo por parte de la empresa propietaria de la macrogranja de Caparroso y de la proyectada para Noviercas (Soria),Valle de Odieta – HTN. Se trata de un movimiento de la compañía, que ha citado a un acto de conciliación por injurias y calumnias a colectivos locales por difundir información sobre la situación de la macrogranja.

Las entidades citadas son, en el mismo orden que aparecen en la citación: Alnus, Marcilla Viva, Asamblea Soberanía Alimentaria, REAS Nafarroa, Asociación Hacendera, Compañía de las Tres Erres, Asociación Lurra, Ekologistak Martxan – Ecologistas en Acción, Urbizi Nueva Cultura del Agua, Etxalde Movimiento Social de Campesinas de Euskal Herria por la Soberanía Alimentaria y una Agricultura Duradera, Greenpeace, Landare, Mugarik Gabe Nafarroa Asociación para la Ayuda y Cooperación con los Pueblos del Sur, y Fundación Sustrai Erakuntza. Según la citación, Valle de Odieta considera que éstas han difundido información que podría dañar su reputación, haciendo referencia a un informe que estos colectivos entregaron en el Parlamento de Navarra el pasado 10 de septiembre de 2021 y que contenía diversa información sobre la situación de dicha macrogranja.

Señalan en un comunicado que «el informe consta de 178 páginas entre las que figuran documentos oficiales que hacen referencia a expedientes administrativos que la empresa lleva recibiendo desde 2014, a la contaminación del agua por nitratos en Villafranca y Marcilla, a las ayudas de la PAC y europeas recibidas por la empresa, al consumo de agua y las concesiones de las que dispone, a la actividad en la planta de biometanización o al uso inadecuado que hace del término “bio”». 

De este modo, el informe solo contiene 7 páginas elaboradas por los citados colectivos en las que se resume el resto del contenido. Todas las demás páginas son documentos de diversas entidades como el propio Gobierno de Navarra, o informes elaborados en base a datos de fuentes oficiales (Departamento de Medio ambiente del Gobierno de Navarra) y a infracciones que la macrogranja ha cometido según expedientes administrativos de la propia administración pública.

Los colectivos que entregaron el informe a los grupos parlamentarios del Gobierno de Navarra, han señalado que su intención era la de «informar a los grupos políticos de la situación que se estaba dando respecto a esta empresa (con el respaldo de documentos y datos oficiales), para que las personas responsables dentro del ámbito político estuvieran informadas y pudieran formular al parlamento las preguntas correspondientes. La única intención, en palabras de los propios colectivos, fue la de defender el medio ambiente y proteger la calidad del agua de los vecinos y vecinas de Marcilla y Villafranca». 

Para estas entidades es «difícil pensar que un documento que contiene información técnica y datos oficiales redactado por personas ejerciendo su derecho de libertad de expresión, dañe más la reputación de dicha empresa que todos los expedientes administrativos que se recogen en el informe».

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