El Parlamento incrementa un 10% el precio de VPO para facilitar su construcción y se aumentarán también ayudas

PAMPLONA, 6 (EUROPA PRESS)

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una proposición de ley foral para incrementar en un 10% el precio de los módulos aplicables a las viviendas de protección oficial en la Comunidad foral, con el objetivo de facilitar la construcción de vivienda.

La ley ha sido presentada por los socios de Gobierno (PSN, Geroa Bai y Podemos), que han apoyado el texto en la votación, mientras que el resto de grupos, Navarra Suma, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra, se han abstenido.

Los socios de Gobierno señalan en la ley que el sector de la construcción en general se ha visto afectado en los últimos meses tanto por el incremento de precios de las materias primas, como por la ruptura de stock de algunas de ellas, «afectando de forma muy intensa a las actuaciones de promoción de viviendas protegidas, con una importante ralentización de la promoción de vivienda durante este año».

Así, detallan que entre enero y agosto del pasado año 2021 se calificaron provisionalmente en Navarra un total de 453 viviendas protegidas (entre VPO y VPT), y en el mismo periodo del año 2022 las calificaciones se han reducido a un total de 106 viviendas.

El aumento de los módulos de VPO va a asociado al compromiso del Gobierno de Navarra de incrementar las ayudas a los ciudadanos para el acceso a estas viviendas.

En defensa de la ley, la parlamentaria de Geroa Bai Ana Ansa ha afirmado que «el frenazo» en la construcción «ha sido brusco, ha habido una reducción drástica en toda la construcción, pero con especial énfasis en la vivienda protegida, donde se soportan más condicionantes al tener el precio tasado por módulo».

El parlamentaria de Navarra Suma Juan Luis Sánchez de Muniáin ha señalado que «en principio» su grupo no pone «mayores objeciones» a esta actualización concreta del módulo, pero ha criticado que las formaciones proponentes no han presentado «ni un informe técnico» que avale este incremento. Además, ha dicho que esta ley «no libra» a los socios de Gobierno de su «responsabilidad con el enorme problema que han creado a la sociedad navarra en materia de vivienda, por la acumulación de despropósitos que han sumado en estos años hasta provocar una calamitosa situación que afecta a las necesidades reales de miles de ciudadanos demandantes de vivienda».

La parlamentaria del PSN Arantza Biurrun ha explicado que con esta ley «se busca adelantar la solución a un problema que, si no lo atajamos, nos puede salir muy caro» y ha expresado el «compromiso» de los socialistas «con las viviendas públicas, asequibles y dignas, y por eso vamos al terreno de lo concreto». «Las viviendas públicas se han de construir y es necesario dotarnos de normativa que permita su construcción», ha señalado.

Por parte de EH Bildu, Maiorga Ramírez ha defendido que «la vivienda es un derecho básico que requiere de una visión integral y lo que ahora debatimos es exclusivamente la adaptación del módulo a la realidad económica y parece lógico que se produzca, igual que las ayudas se acomoden de forma que a la ciudadanía no le cueste más este incremento». Ramírez ha explicado que su grupo se abstiene porque ese voto facilita la aprobación de la ley y al mismo tiempo le permite trasladar que es necesaria una política «integral» de vivienda.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha afirmado que su grupo firmó esta ley «porque hay un pacto en el que no solo se sube el modulo de la VPO sino que se suben también las subvenciones para no generar una barrera de acceso a la ciudadanía». Por otro lado, ha señalado que el derecho a la vivienda no debe «fiarse» únicamente a la construcción y ha considerado que se debe mejorar la bolsa de alquiler y revisar los programas de ayudas Emanzipa y David. Asimismo, ha pedido al PSN y a la presidenta María Chivite que «empujen» para la aprobación de la ley de vivienda estatal.

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha asegurado que el Gobierno de Navarra «llega muy tarde con esta ley» y ha pedido que se den «garantías» de que el acceso de las familias y personas jóvenes a la vivienda se mejore «en la misma proporción, si no más, que se han mejorado las condiciones de las constructoras».

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