Admitida a trámite la ley de reconocimiento de víctimas de abusos en la Iglesia con el voto en contra de NA+

NA+ ha pedido la retirada de la ley y redactar otra que «tenga en cuenta los abusos en todos los ámbitos»

PAMPLONA, 9 (EUROPA PRESS)

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la toma en consideración de la proposición de Ley Foral de reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia Católica, con el voto a favor de todos los grupos menos Navarra Suma, que ha votado en contra.

El articulado de la proposición recoge el derecho al reconocimiento individual y colectivo de las víctimas de ataques contra la integridad física o libertad sexual en situaciones o actividades realizadas por la Iglesia Católica de Navarra, así como el procedimiento para reconocer la calidad de víctima. El texto legal también aborda la creación de la Comisión de Reconocimiento y regula su composición. Tendrá un mandato de seis años para articular el derecho a la memoria y la elaboración de un informe final sobre sus actividades. También recoge la asistencia a las víctimas procurada a través de la Oficina de Asistencia a Víctimas del Delito, a la que también se encomienda el asesoramiento y la intermediación con otras entidades.

En la defensa de esta iniciativa, el portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha destacado que esta proposición de ley forma parte de «un proceso social, curativo, no sólo para las víctimas sino para toda la sociedad» y las generaciones «que tuvieron que vivir esta indignidad». Una iniciativa, ha explicado, que crea una comisión para el «reconocimiento individualizado» de las víctimas y la creación de informes para conocer «la dimensión de este crimen», y que supone «un auténtico derecho a la memoria», combatiendo «diversas formas de negacionismo» y «las actitudes de indiferencia».

Una proposición que «procura impartir justicia a víctimas que no pueden acceder a ellas y sensibilizar sobre la pederastia» y que tiene que ver «con los abusos sistemáticos realizados por la Iglesia Católica a lo largo de las décadas anteriores». Una vez «objetivadas» las víctimas, ha continuado, se busca darles un recurso para que «puedan expresar su malestar por el delito que padecieron y que, de forma pública, se les pueda reconocer». «Tenemos que hacer esto porque no hay una forma legal de juzgar a estos agresores» y «por el enorme tiempo de silencio y de sufrimiento al que pretendemos poner final», ha señalado Buil, que ha agregado que se trata de un «delito complejo, y más en entornos clericales» que «ha dificultado mucho que la justicia ordinaria pudiera llegar».

Por su parte, la representante del PSN Virginia Magdaleno ha indicado que «buscamos dar voz a las víctimas y al esclarecimiento de lo que ha ocurrido en el seno de la Iglesia» y ha puesto en valor que «no nos hemos querido poner de lado, queremos visibilizar lo ocurrido y hemos participado muy activamente en la redacción de esta ley». Una ley «pionera a nivel estatal» que se ha realizado «con la búsqueda del consenso», ha remarcado la socialista, que ha afirmado que en Navarra Suma «se han quedado de lado» y no han querido negociar en el proceso de redacción de esta iniciativa. «Lo fácil es dejar estar, no involucrarse» y «parece que hacen seguidismo de posiciones retrógradas del PP en Madrid», ha criticado.

«Estamos ante un problema social de primera magnitud que no podíamos dejar que siguiera siendo un ámbito de oscuridad y opacidad», ha resaltado Magdaleno, que ha explicado que la iniciativa tiene el objetivo de «evaluar externamente entornos opacos y dar transparencia a hechos muy graves en torno a abusos en el seno de la Iglesia» y, a su vez, apoyar a las víctimas».

Blanca Regúlez, de Geroa Bai, ha valorado que con esta ley «reconocemos la valentía demostrada por las víctimas» que «han dado pasos para denunciar de forma pública su situación» a pesar de que en muchas ocasiones «tenían cerrada la vía judicial» y la «opacidad». Con esta la proposición, ha destacado, «se produce un avance importante para la sociedad navarra para hacer visible la realidad de los abusos a pesar del olvido forzado que instauraron los victimarios».

Ha admitido que con esta ley «nos quedamos únicamente en el reconocimiento» que «si bien pudiera parecer poco, ya es un paso importante para estas víctimas». Además, ha señalado que cualquier otra acción «quedaría fuera de nuestras competencias» y abriría la posibilidad de un recurso competencial.

La representante de EH Bildu Arantxa Izurdiaga ha considerado que esa proposición de ley es «necesaria» y supone un «avance en el reconocimiento» de las víctimas de abusos, si bien ha opinado que «sigue siendo insuficiente para garantizar la verdad, justicia y reparación». Una iniciativa que «ha sido complicada» al tratar una «materia muy sensible» y en la que se ha buscado el «equilibrio entre el derecho para garantizar la seguridad jurídica» y, a su vez, no generar «falsas expectativas que puedan revictimizar a las víctimas».

Izurdiaga ha reconocido que «quienes cometen los delitos son las personas y no las instituciones» pero ha remarcado que «no podemos pasar por alto cuál ha sido la actuación y el papel que, durante todos estos años, ha desempeñado la Iglesia Católica» cada vez que había una denuncia por abusos. Al respecto, ha criticado que las víctimas han sido «doblemente victimizados, han sido abusados, silenciados e ignorados» y ha llamado a «romper con este silencio».

Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha afirmado que esa ley «da un paso importante en la medida en que abunda en el reconocimiento de unas víctimas de abusos» y «en el hecho de que ha habido abusadores y abusadoras». Ha destacado el daño «tremendo» a unas víctimas «en una situación en que el abusador ocupa una posición de poder», no sólo física sino también «moral desde el punto de vista religioso». Víctimas a las que «se puso una mordaza para ocultar lo que estaba ocurriendo» y en quienes «se usó el mazo de la culpabilidad, del maltrato psicológico».

De Simón ha recalcado que «falta camino por recorrer en el esclarecimiento de lo ocurrido» y en el reconocimiento por parte de la Iglesia. En este sentido, ha afirmado que el delito lo comete la persona pero ha remarcado que «la responsabilidad está en quien lo ocultó». Esta ley «no es un ataque a la Iglesia, ni a personas creyentes ni a la religión» sino que «va de corregir unos silencios que nunca debieron producirse».

Por su parte, el parlamentario de Navarra Suma Iñaki Iriarte ha reconocido que «esos abusos no son una fantasía para dañar a la iglesia» y que «quienes los padecieron no tuvieron justicia y reparación» y «tuvieron que vivir en silencio» su sufrimiento. Y ha remarcado que «no estamos en contra de reconocer a las víctimas» ni de investigar los abusos ni de explorar «mecanismos legales para que obtengan justicia y reparación».

Ha aclarado que NA+ está en contra de «esta ley» que ha criticado que está «defectuosamente redactada y mal elaborada», lo que «evidencia las prisas y la falta de rigor» con la que se ha elaborado. Ha considerado que «no es riguroso, no es sistemático y no ofrece garantías». Ha criticado que la ley regula los abusos en «sólo uno de los ámbitos, la Iglesia Católica» y se ha preguntado si «va a hacerse una ley para cada uno de los ámbitos en que se han producido abusos». Por ello, ha pedido la retirada de la ley y redactar otra «juntos» que «tenga en cuenta los abusos en todos los ámbitos».

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